El Grupo Municipal de Vox de Toledo pedirá en sendas mociones que presentará al próximo pleno municipal, la prohibición de utilizar burka y niqab o cualquier prenda que impida la identificación del rostro en las dependencias municipales, así como la suspensión de cualquier procedimiento dirigido a la regularización extraordinaria de los inmigrantes que se encuentren en España en situación irregular.
La primera de las mociones, firmada por el portavoz, Juan Marín, considera que las instalaciones municipales son «son espacios administrativos en los que se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos, se gestionan datos personales y se garantiza la seguridad de usuarios y empleados públicos» por lo que consideran necesario regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro.
“En este contexto, la identificación visual del rostro resulta, en determinados servicios y trámites presenciales, un requisito funcional imprescindible, directamente vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes y el normal desenvolvimiento del servicio público”, dice la propuesta.
En este sentido, precisa que “la utilización de prendas sin arraigo en España que cubren total o parcialmente el rostro, como el verlo integral islámico (niqab o burka), impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas mencionadas, con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien las porta”.
La iniciativa “se limita a regular una condición objetiva de acceso y uso de dependencias municipales, vinculadas exclusivamente a la ocultación integral del rostro” y agrega que la regulación que se solicita “es aplicable a cualquier prenda (religiosa o no) que produzca el mismo efecto en dependencias municipales”.
Consideran que la «inmigración masiva sobrecarga»de manera terminal» los servicios públicos
La segunda de las mociones considera que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez encaminada a la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes en situación irregular «no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una dinámica histórica de regularizaciones masivas promovidas por el bipartidismo que, desde 1985, ha llevado a cabo seis procesos extraordinarios, con más de 1,2 millones de autorizaciones concedidas».
Para Marín, no sólo no se ha resuelto el problema de la inmigración irregular, “sino que han generado un efecto de llamada permanente, debilitando el principio de legalidad, trasladando el mensaje de que el incumplimiento de la ley acaba siendo premiado, incrementando la inseguridad en nuestros barrios y deteriorando la convivencia vecinal”.
“La inmigración masiva sobrecarga de manera terminal los servicios públicos esenciales, tales como la sanidad, la educación o el transporte, además de elevar la presión sobre la demanda de vivienda y ayudas al alquiler y aumentar el gasto de todas las Administraciones Públicas”, añade la moción, que incide en que la “ausencia de prioridad nacional en el acceso a cualquier ayuda o prestación pública, contribuye a endeudar a los españoles de a pie, que, en no pocas ocasiones, se quedan fuera del reparto social”.
