La presidenta de VOX en el Ayuntamiento de Toledo, Inés Cañizares, ha reiterado la oposición de su grupo a implantar una Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, dado que a su juicio, «no se dan niveles de contaminación que justifiquen restricciones de movilidad, según ha reconocido el propio concejal responsable. Imponer medidas de carácter preventivo en este contexto resulta injustificado e inaceptable».
Cañizares ha expresado la opinión de su grupo, después de que el portavoz municipal, Juanjo Alcalde, explicará esta semana que se habían retomado las negociaciones entre PP y Vox para «perfilar lo que sea necesario» y poder aprobar la ordenanza cuanto antes, con el objetivo de evitar un mayor impacto económico para el Ayuntamiento.
Sin embargo, Cañizares ha reiretado su negativa a llegar a un acuerdo y por ello ha animado al PP a pactar con PSOE la ordenanza, “ya que ambos partidos aceptan la ley del cambio climático y pueden trasladar al Ayuntamiento los acuerdos a los que llegan en Europa”.
Toledo | PP y Vox negocian la ordenanza de ZBE mientras se juegan hasta 700.000 euros en ayudas
Ha recordado que Vox votó en contra por «considerar que no responde a la realidad de nuestra ciudad ni a las necesidades de los toledanos. Ahora, el grupo del PP nos propone abrir un proceso de negociación para modificar el texto y alcanzar un acuerdo que permita su aprobación, advirtiendo además de una posible pérdida de ingresos municipales estimada en 700.000 euros si no se implanta la ZBE».
“Desde Vox queremos ser claros: estamos dispuestos a estudiar cualquier propuesta que se nos presente, siempre que sea coherente con nuestra línea de pensamiento”, ha añadido Cañizares, para insistir en que «existe una línea roja: VOX no aprobará ninguna ordenanza que plantee restricciones a la movilidad cuya motivación se base en la contaminación. Por tanto, la orientación de dicha ordenanza tendría que cambiar de manera sustancial para poder contar con nuestro apoyo».
No creen que perder 700.000 de ayudas sea un motivo para aprobar la ZBE
Respecto al argumento económico, ha señalado que, “si bien lamentamos la posible pérdida de ingresos para el Ayuntamiento cifrada en 700.000 euros, no consideramos que este sea un motivo suficiente para aprobar una ordenanza que vulnera el principio de libertad de circulación, más aún cuando el propio Ayuntamiento destina cerca de un millón de euros anuales en subvenciones a distintos fines, asociaciones y entidades”.
“Desde Vox hemos propuesto reiteradamente, en las negociaciones presupuestarias, una reducción drástica de estas partidas durante los últimos años, sin que el Grupo Popular haya aceptado dichas medidas, más allá de ajustes muy puntuales”, ha puntualizado.
La vicealcaldesa, ha explicado que «si el planteamiento es evitar un perjuicio económico, el Ayuntamiento dispone de margen suficiente para reordenar sus prioridades presupuestarias y cubrir esa cantidad sin necesidad de imponer restricciones a los ciudadanos. Estos fondos no pueden convertirse en una excusa ni en un instrumento de presión para aprobar una ordenanza contraria al derecho a la libre circulación», ha sentenciado.
“Hasta que no recibamos una propuesta concreta, no nos pronunciaremos en detalle. No obstante, Vox seguirá defendiendo alternativas que prioricen la libertad, el sentido común y los intereses reales de los ciudadanos de Toledo”, ha concluido.
