UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha denunciado que el nuevo contrato de transporte sanitario terrestre presentado por el Gobierno regional este miércoles es «un ejercicio de propaganda que oculta la realidad: no hay aumento real de inversión, no hay garantías laborales y se consolida un modelo precario hasta el año 2031».
En nota de prensa, el sindicato ha criticado que el Ejecutivo autonómico «venda como histórico» un contrato que, en la práctica, no incrementa el coste real del servicio.
«Desde hace más de dos años, el transporte sanitario se viene financiando mediante contratos de emergencia con importes prácticamente idénticos a los que ahora se fijan. El incremento real apenas supera el 2%, muy por debajo de la inflación acumulada, lo que supone en términos reales una pérdida de financiación», denuncia.
A esta situación, prosigue UGT en nota de prensa, se suma un elemento «especialmente grave»: el contrato excluye cualquier revisión de precios durante sus seis años de vigencia.
«Esto significa que el servicio deberá prestarse hasta 2031 sin posibilidad de adaptar el presupuesto al aumento de los costes, en un contexto de subida continuada de salarios, carburantes y mantenimiento».
UGT denuncia que esta decisión no es «neutra», sino que traslada directamente el ajuste a las plantillas. «Después de más de dos años de negociación del convenio colectivo sin avances, el nuevo contrato no contempla ni una sola referencia a mejoras salariales ni mecanismos que permitan financiarlas. En la práctica, se está firmando un contrato que bloquea cualquier subida salarial hasta 2031».
En este sentido, recuerda que las 2.200 personas trabajadoras de este servicio llevan con los sueldos congelados y sin ningún tipo de mejora laboral desde 2012.
Modelo «insostenible»
El sindicato advierte de que el Gobierno regional está imponiendo un modelo insostenible: más exigencias de servicio, más presión operativa y mayor carga de trabajo con la misma financiación real o incluso inferior. «Esta situación solo puede derivar en precarización laboral, deterioro de las condiciones de trabajo y, en última instancia, empeoramiento del servicio público».
A esto añade que muchas de las «mejoras» anunciadas por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, como más vehículos, modernización o humanización, no son ninguna novedad, sino obligaciones básicas ya recogidas en los pliegos.
«Se trata, por tanto, de un intento de presentar como avances lo que simplemente es el cumplimiento mínimo exigible a las empresas adjudicatarias. Pero es que ni siquiera se mejoran los tiempos de respuesta en la atención a las personas que viven en las zonas más alejadas de las grandes poblaciones, una demanda en la que -por la importancia que tiene- les hemos insistido mucho».
Por ello, UGT considera «inaceptable» que se utilice un servicio esencial como el transporte sanitario «para construir un relato político que no se corresponde con la realidad».
«Este contrato no mejora el sistema: lo consolida en condiciones económicas insuficientes y sin garantías para quienes lo sostienen día a día».
Por todo ello, ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha la revisión inmediata del modelo de financiación del contrato; la incorporación de cláusulas de actualización de precios que permitan garantizar la viabilidad del servicio; la vinculación del contrato al convenio colectivo para asegurar mejoras salariales reales, y la apertura urgente de una mesa de negociación con las organizaciones sindicales.
Dicho esto, UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha advertido que no va a aceptar que se hipoteque el futuro del sector ni que se condene a sus profesionales a años de congelación salarial bajo un contrato que «prioriza el titular político frente a la realidad del servicio».
«Estos nuevos recursos y ambulancias presentados hoy los manejan personas muy mal remuneradas –los camilleros, por poner solo un ejemplo, cobran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional–; que hacen 2.184 horas al año -700 horas más de las hace cualquier enfermera o enfermero en esta región-; y que están sometidos a una continua situación de sobrecarga laboral. El servicio nunca mejorará si no se da una verdadera solución a la situación en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras, algo que pasa por que el Gobierno regional asuma la gestión pública y directa del transporte sanitario de Castilla-La Mancha».
Tras insistir en que el modelo de externalización del servicio ha fracasado, ha terminado acusando al Gobierno regional de comportarse «como un lobo con piel de cordero que amenaza a las empresas concesionarias si negocian un convenio colectivo con los trabajadores y trabajadoras».
«Por mucho que le pese las comparaciones, el Ejecutivo regional está haciendo lo mismo que hacía María Dolores de Cospedal», zanjan desde el sindicato.