El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere reducir el número de establecimientos de juego en la región para adaptarlo a la media nacional, hay 9,3 por cada 100.000 habitantes, mientras que son 7,87 en el conjunto nacional, para tratar de evitar más problemas con el juego.
Y es que en Castilla-La Mancha hay unas 3.000 personas que tienen problemas con esta adicción y tienen prohibido el acceso a este tipo de locales, cuyos controles de acceso se incrementaron desde la legislación regional de 2021.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado de que ya se ha firmado el decreto por el cual durante los próximos cuatro años no se podrán abrir nuevos locales de juego en territorio castellanomanchego, una medida con la que se intentará seguir reduciendo el número total de locales, situado en 189.
En rueda de prensa, ha dicho que se trata de una actividad «legal» pero con efectos negativos que «desde los poderes públicos se deben mitigar».
Queda así suspendida la instalación de nuevos centros de juego en los próximos cuatro años para «reducir progresivamente el número de establecimientos de este tipo hasta lograr que la densidad de locales de juego en relación con el número de habitantes esté en consonancia con la que existe a nivel nacional».
Según los datos disponibles, los publicados a final del pasado año, en la región «había autorizados 191 establecimientos de juego, lo que suponía una densidad de 9,3 por cada 100.000 habitantes»; lejos de la media nacional que llega a una tasa de 7,87.
Aun así, «las políticas del Gobierno en materia de juego pueden hacer afirmar que desde 2018 se ha conseguido reducir el número de establecimientos en un 14,5%, pasando de 221 a 189».
Límite de 100 licencias a tragaperras
Un decreto que además limita a 100 (anteriormente era de 300) las nuevas autorizaciones anuales de explotación de máquinas tragaperras, un ámbito en el que también se obtienen resultados tras pasar de las 8.569 máquinas de 2018 a 7.389 en 2023.
Ha aprovechado para citar algunas de las medidas ya implementadas contra la proliferación de estos locales, como la distancia mínima entre establecimientos y en relación a centros públicos; o la regulación para que los ayuntamientos puedan ser autónomos a la hora de declarar zonas tensionadas en sus términos municipales.