Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) obligará al Ayuntamiento de Ciudad Real a devolver al callejero cinco nombres retirados por su vinculación con el franquismo, entre ellos los de dirigentes de Falange, procuradores en las Cortes de la dictadura y jefes provinciales del Movimiento.
Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, después de que el Consistorio recibiera a finales de la pasada semana la resolución que anula parcialmente el acuerdo aprobado por el Pleno municipal en mayo de 2021, cuando la socialista Pilar Zamora ocupaba la Alcaldía.
El fallo no afecta a las nueve vías incluidas en aquel acuerdo, sino únicamente a las cinco que estaban dedicadas a personas concretas. Por tanto, el pasaje de la Pandorga volverá a llamarse pasaje José Gutiérrez Ortega; la calle Manuel Herrera Piña recuperará el nombre de José María Aparicio Arce; la plaza Gloria Fuertes volverá a ser la plaza Fernando Merry del Val y García Zapata; la calle Irene Villa recuperará la denominación de Gregorio Sánchez-Puerta y el Grupo Adolfo Suárez volverá a llamarse Grupo Vicente Galiana.
El Ayuntamiento está estudiando ahora cómo ejecutar la sentencia y qué efectos administrativos tendrá para los vecinos, comercios y propietarios de las cinco vías, que tendrán que volver a modificar sus direcciones después del cambio realizado en 2018 y ratificado por el Pleno en 2021.
La resolución mantiene, sin embargo, los otros cuatro cambios aprobados en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. De este modo, la calle Emilia Pardo Bazán no recuperará el nombre de Belchite; María Zambrano no volverá a denominarse Brunete; Sara Montiel mantendrá su nombre frente al anterior de Santa María de la Cabeza y Miguel Ángel Blanco seguirá sustituyendo a Simancas.
Según ha explicado Arroyo, el tribunal diferencia entre las denominaciones relacionadas con batallas o acontecimientos de la Guerra Civil y las dedicadas a personas concretas, al considerar que la trayectoria política o personal de estas últimas no basta por sí sola para justificar la retirada de sus nombres.
Falangistas y cargos de la dictadura
Entre las denominaciones que deberán recuperarse se encuentra la de José Gutiérrez Ortega, militante de las JONS y de Falange, jefe provincial de FET y de las JONS en Ciudad Real entre 1942 y 1944, vicepresidente de la Diputación y fundador y director del diario Lanza. El Diccionario Biográfico de Castilla-La Mancha define su orientación como de “franquismo radical” y lo sitúa como uno de los principales dirigentes de la dictadura en la provincia.
José María Aparicio Arce fue alcalde de Alcázar de San Juan, presidente de la Diputación de Ciudad Real, procurador en las Cortes franquistas entre 1954 y 1977, consejero nacional y gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Zamora y Málaga.
Por su parte, Gregorio Sánchez-Puerta fue falangista de la Vieja Guardia, miembro del Consejo Nacional de FET y de las JONS, procurador en Cortes entre 1943 y 1957 y delegado nacional de Personal del Movimiento.
Vicente Galiana Utrilla fue fundador de Falange Española en Daimiel y primer responsable provincial de la organización en Ciudad Real. Fue asesinado en Madrid en 1936 y su figura fue utilizada posteriormente como referente propagandístico por el franquismo manchego.
El caso de Fernando Merry del Val y García Zapata presenta diferencias respecto a los anteriores. La documentación municipal lo identifica como ingeniero, buscador de petróleo y consejero de Cepsa y de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, institución que promovió las viviendas de la zona, pero no le atribuye un cargo político equivalente al de los otros cuatro personajes.
Arroyo ha aprovechado la resolución para cargar contra el anterior equipo de Gobierno socialista, al que ha acusado de actuar de manera sectaria y de dedicar sus esfuerzos a cuestiones ideológicas en lugar de centrarse en los principales problemas de la ciudad.
El proceso de modificación del callejero comenzó en 2016. Los cambios fueron aprobados inicialmente por la Junta de Gobierno Local en 2018, después de una consulta ciudadana, pero una primera sentencia anuló el acuerdo porque la competencia correspondía al Pleno. El Gobierno de Pilar Zamora volvió a someter las nueve denominaciones a votación en mayo de 2021 para subsanar aquel defecto de procedimiento.
