El Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado una demanda contra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para recuperar los 371.000 euros del Plan Corresponsables de 2022 que tuvo que devolver a la administración regional, pese a que, según sostiene el Gobierno municipal, los servicios de conciliación familiar se prestaron con normalidad y su liquidación había sido aprobada por el Instituto de la Mujer.
La reclamación no termina ahí. El Consistorio también ha tenido que reintegrar otros 270.000 euros correspondientes al ejercicio 2023, aunque en este caso todavía está pendiente de que la Junta resuelva el recurso de reposición presentado. En total, más de 640.000 euros que ya han salido de las arcas municipales y cuya devolución cuestiona el equipo de Gobierno.
La concejala de Educación e Igualdad, María José Escobedo, ha anunciado este jueves la decisión de acudir a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Toledo y ha acusado al Ejecutivo autonómico de cometer un «atropello administrativo y político contra los vecinos y las familias de Ciudad Real».
Escobedo ha llegado a calificar la actuación de la Junta de «extorsión» y ha asegurado que la administración regional busca «el más mínimo pretexto administrativo para hacer caja a costa de nuestra ciudad».
Según ha explicado, el Ayuntamiento recibió en 2022 una subvención de 371.000 euros del Instituto de la Mujer para desarrollar el Plan Corresponsables, cuya liquidación fue posteriormente aprobada por el propio organismo regional.
Un año después, el Consistorio recibió otros 270.000 euros y volvió a ejecutar los programas de conciliación previstos. Sin embargo, en 2025 el Instituto de la Mujer reabrió ambos expedientes y exigió la devolución de las subvenciones, alegando cuestiones administrativas que, según la concejala, no se corresponden con la realidad del procedimiento.
Ante esta situación, Escobedo ha denunciado una «sensación de chantaje o de extorsión política-financiera» y ha advertido de que el Ayuntamiento no se va a «amedrentar» y continuará defendiendo los intereses de los vecinos.
La Junta alega incumplimientos administrativos
La administración autonómica ya había defendido anteriormente que la exigencia de devolución responde a criterios técnicos y no políticos.
En julio, la delegada provincial de Igualdad, Manoli Nieto-Márquez, aseguró que el Ayuntamiento había incumplido uno de los requisitos establecidos en el decreto regulador del Plan Corresponsables, unas condiciones que, según recordó, son de obligado cumplimiento para todos los municipios.
La representante regional también precisó entonces que el dinero reintegrado no se destina a las arcas autonómicas, sino que debe devolverse al Ministerio de Igualdad, y recordó que Ciudad Real había recibido cerca de 1,5 millones de euros durante las cinco ediciones del programa.
Un recorte del 48%
Al margen de la batalla judicial, Escobedo ha denunciado que la Junta ha reducido un 48% la financiación del Plan Corresponsables en Ciudad Real desde 2022, una disminución que ha calificado de «tijeretazo» y que considera especialmente preocupante por sus consecuencias sobre los servicios de conciliación familiar.
Para hacer frente a esta situación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha este año el programa Concilia Ciudad Real, financiado exclusivamente con recursos municipales, con el objetivo de garantizar que las familias puedan seguir disponiendo de servicios que faciliten la compatibilidad entre la vida laboral y familiar.
La concejala ha asegurado que esta iniciativa pretende evitar que «ni una sola familia se quedara desamparada» ante la reducción de los fondos autonómicos.
