La Asociación de Usuarios AVE de Ciudad Real ha reclamado este lunes una solución para los trabajadores y estudiantes de Castilla-La Mancha afectados por las nuevas condiciones de acceso a la Tarjeta de Transporte Público Personal de la Comunidad de Madrid, anunciadas por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que exigen como requisito general estar empadronado en la región.
La entidad ha advertido en nota de prensa de que esta modificación afecta a miles de ciudadanos de Castilla-La Mancha que, aunque residen fuera de Madrid, desarrollan su actividad laboral de forma habitual en la comunidad madrileña y utilizan a diario su red de transporte público para llegar a sus puestos de trabajo.
Según ha explicado la asociación, muchos usuarios realizan el trayecto principal en tren Avant y, una vez en Madrid, continúan sus desplazamientos en otros medios como Metro, Cercanías o autobuses urbanos e interurbanos. Por ello, ha considerado que la tarjeta resulta esencial para quienes hacen recorridos frecuentes entre Castilla-La Mancha y la región madrileña.
Un sondeo realizado entre los asociados revela que aproximadamente el 55% de los usuarios emplea la Tarjeta de Transporte Público para adquirir abonos mensuales, un dato que, a juicio de la organización, demuestra la importancia de este sistema para los viajeros habituales.
La asociación ha valorado que las administraciones estén estudiando mecanismos para garantizar el acceso a la tarjeta a estudiantes universitarios no empadronados mediante sistemas específicos de acreditación. No obstante, ha defendido que una fórmula similar debería aplicarse también a los trabajadores que puedan demostrar una actividad laboral continuada en la Comunidad de Madrid.
Por este motivo, la Asociación de Usuarios AVE de Ciudad Real ha instado a la Comunidad de Madrid, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al resto de administraciones implicadas a abrir una vía de diálogo que permita alcanzar acuerdos o convenios para garantizar un tratamiento equitativo a estos usuarios.
La entidad ha reconocido que las ayudas y bonificaciones al transporte madrileño se financian principalmente con recursos públicos aportados por los ciudadanos de la región. Sin embargo, ha subrayado que los trabajadores procedentes de otras comunidades autónomas también contribuyen de forma directa al desarrollo económico y a la generación de riqueza de Madrid.
Finalmente, la organización ha reiterado su disposición a colaborar con las instituciones implicadas para encontrar una solución que responda a las necesidades de movilidad de los usuarios afectados y preserve la igualdad de acceso a los servicios públicos de transporte.
