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martes, 29 de noviembre de 2022
Francisco Martínez Arroyo
Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura.
agricultura 24/02/2017junio 6th, 2017 - Toledo

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha promoverá que las líneas de ayudas para incorporar jóvenes al campo siempre tengan convocatorias abiertas y muestra, además, su disposición a aportar más fondos para este fin si es necesario.

Lo avanza durante una entrevista con Efe el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural castellanomanchego, Francisco Martínez Arroyo, quien detalla que, una vez se resuelva la convocatoria abierta actualmente, «inmediatamente» se convocará una nueva para que los jóvenes interesados «siempre puedan» acogerse a ayudas públicas.


Es, según dice, la partida «más importante» del Programa de Desarrollo Rural (PDR); una cuestión «prioritaria» de la política agrícola regional para «garantizar» el relevo generacional.

Este año, según Martínez Arroyo, hay que «consolidar» la llegada al campo de «muchos jóvenes» (unos 1.300 en la actual convocatoria) que han pedido iniciarse en esta actividad económica con la recepción de algún tipo de subvención.

El apoyo para la integración de grupos cooperativos seguirá siendo otra «prioridad» del Ejecutivo castellanomanchego en 2017 ya que, a su juicio, estos procesos permiten a los productores hacerse «más grandes» en la cadena agroalimentaria y les «garantiza» la rentabilidad de sus negocios.

Hace varias semanas nació el grupo vitivinícola «Vidasol», fruto de la unión de las cooperativas «El Progreso» de Villarrubia de los Ojos y «Los Pozos» de Daimiel, un ejemplo que, según el consejero, cundirá en los «próximos años».

En materia de agricultura ecológica, defiende el descenso de las cuantías de las primas de la anterior convocatoria porque el objetivo era que «ningún» solicitante se quedara fuera.

En ese sentido, critica que en la de 2015 -diseñada por el anterior Gobierno autonómico del PP- se establecieron menos números de primas pero más elevadas en cuantía, lo que provocaba que «sólo unos privilegiados» pudiesen acceder a ellas.

No obstante, aún queda un millar de demandantes que, según Martínez Arroyo, obtendrá su ayuda en la próxima convocatoria porque ese «era el compromiso».

Las actuaciones en el sector vitivinícola castellanomanchego, por otro lado, pasan por reducir los rendimientos medios por hectárea, lo que supondrá una «apuesta por la calidad» que «se tenía que haber dado mucho antes».

Las ayudas de los planes de reestructuración de los viñedos se condicionarán en la región, según el consejero, a que las empresas bodegueras paguen en función de las características de su producto final.

Es decir, las bodegas deben pagar las variedades más demandadas por los consumidores a un mayor precio que otras menos apreciadas en el mercado porque «es una manera de dar una señal a los viticultores para que reestructuren con dichas variedades».

En cuanto a política hidrológica, ve esencial lograr un pacto nacional; un «esfuerzo» que, bajo su punto de vista, es el momento de realizar.

«Creo que estamos en las condiciones óptimas para llegar a ese acuerdo» que potenciará el desarrollo agrario en todas las regiones.

Según el consejero, los recursos hidrológicos que discurren por Castilla-La Mancha «tienen que generar riqueza» en la región pero teniendo también en cuenta «la solidaridad» con otros territorios nacionales.

En la agenda de Martínez Arroyo, que es el consejero de Agricultura representante de las comunidades autónomas españolas este semestre en Bruselas, ocupa un lugar importante la futura reforma de la PAC y, de hecho, asistirá este 1 de marzo en Toledo a un foro en el que participarán organizaciones agrarias, cooperativas, sindicatos, redes de desarrollo rural y ecologistas, entre otros.

Defiende, no obstante, que el debate de la futura PAC se instale a nivel nacional para que España consensúe una postura que, a su juicio, tiene que pasar por una política «que se dirija más a los profesionales de la agricultura» y que se «aleje del modelo» anterior de pagos vinculados a «derechos históricos».

Se muestra convencido de esa unión y por eso subraya que el país «va a conseguir una buena posición política» única para «poder negociar en Bruselas» la nueva reforma.

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