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SE ELIMINARÁN LOS "DISPENDIOS" 12/12/2011junio 14th, 2017

La consejera de Agricultura de la Junta, María Luisa Soriano, en su comparecencia en la Comisión de Agricultura destacó los 82 millones de euros que se producirán en los capítulos 4 y 7 del presupuesto, los correspondientes a las transferencias corrientes y de capital. En este apartado, Soriano detalló el presupuesto anual de la empresa pública de Gestión Medioambiental de Castilla-La Mancha (Geacam), que pasará de los 173 millones actuales a 74 ó 75 en 2012.

La consejera de Agricultura de la Junta, María Luisa Soriano, ha anunciado que su Consejería ahorrará 115 millones de euros a través de medidas que tendrán como objetivos mantener las ayudas cofinanciadas y el gasto en personal, aunque se eliminarán los «dispendios».


En su comparecencia en la Comisión de Agricultura, Soriano ha concretado las líneas generales con las que tiene previsto ahorrar los 115 millones de euros que corresponden a la aplicación del segundo Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, que prevé ahorrar más de 350 millones adicionales a los 1.815 millones de la primera parte de este plan.

Según ha indicado, estos 115 millones suponen, aproximadamente, una cuarta parte de los fondos propios con los que cuenta la Consejería, a los que se debe sumar los más de 1.000 millones que proceden de otras administraciones, como la Unión Europea o el Gobierno central, de forma que el presupuesto total de esta Consejería en 2011 sumaba más de 1.500 millones.

Entre el principal ahorro, destacan los 82 millones de euros que se producirán en los capítulos 4 y 7 del presupuesto, los correspondientes a las transferencias corrientes y de capital.

En este apartado, Soriano ha detallado el presupuesto anual de la empresa pública de Gestión Medioambiental de Castilla-La Mancha (Geacam), que pasará de los 173 millones actuales a 74 ó 75 en 2012, si bien ha indicado que aún se desconoce la cantidad concreta debido a que no se han elaborado las cuentas de la región para el próximo año.

La mayor parte de este ahorro estará motivado por la reasignación de encomiendas a Geacam y otras empresas como Tragsa, para que sea el personal de la Junta quien desarrolle el trabajo, además de reducir de fijos a fijos discontinuos con contratos de ocho meses la plantilla de esta empresa pública, si bien ha afirmado que la baja de cuatro meses se realizará de forma escalonada.

Así, ha incidido en que no se reducirá el presupuesto ni el personal en la campaña de verano de prevención de incendios.

En estos capítulos, también ha incluido la extinción de la Fundación General de Medio Ambiente y el aumento de la eficacia en la gestión de los centros de interpretación.

Además, en el capítulo 1, de gastos de personal, se pondrán en marcha medidas que supondrán un ahorro de 5 millones de euros y entre las que ha citado la renuncia de las dos pagas extraordinarias que le corresponden como consejera para 2012, que «aunque no es un gasto significativo, tiene el valor de la austeridad».

Para reducir los gastos corrientes, la Consejería de Agricultura optará por «optimizar los espacios administrativos», es decir, reducir el número de locales alquilados y renegociar el importe de los «imprescindibles».

En el capítulo de inversiones, se ahorrarán 20 millones de euros con la supresión de toda la obra nueva y la redistribución del gasto de las obras plurianuales.

Otra de las partidas que se verán reducidas será, tal y como ha subrayado Soriano, la de propaganda institucional, pues ha lamentado que solo en el primer semestre, el anterior gobierno regional se gastó seis millones de euros presupuestados y otros 2,4 que estaban sin contabilizar.

La finalidad de todas estas medidas es mantener las cantidades que se destinan a las ayudas al sector primario cofinanciadas y de las que la Junta aporta el 15 por 100, mientras que el 85 por 100 restante proceden de fondos europeos.

La «austeridad, la eficacia y la transparencia» será, tal y como ha resaltado la consejera de Agricultura, su método de trabajar con el objetivo de «sacar a Castilla-La Mancha del agujero económico en el que está», como consecuencia de haber sido «la región peor gestionada de España en los últimos cuatro años».

En cambio, la portavoz del PSOE en materia de agricultura, Blanca Fernández, le ha pedido mayor concreción a la hora de distribuir el ahorro, pues le ha instado en reiteradas ocasiones a que aclare la forma en que tiene previsto reducir el gasto en el Geacam.

En concreto, ha exigido a la consejera que detalle cuánto supondrá el ahorro en las nóminas de los trabajadores del Geacam, que según sus cálculos ronda los 30 millones de euros, pero que si «son los 100 millones que dijo la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, supondrá prácticamente su eliminación».

También ha subrayado que los 2.500 trabajadores de Geacam son los encargados de vigilar los 3,5 millones de hectáreas en la región y que, durante todo el año, se hacen cargo de la limpieza y mantenimiento de las 20.000 hectáreas que reciben tratamiento selvícola, por lo que ha lamentado la comparación de la productividad de los trabajadores del Geacam con los de empresas privadas.

«Primero se les pide un esfuerzo económico para superar la situación, pero a continuación no pueden resistir la tentación de insinuar que son unos vagos», ha lamentado Fernández.

Sin embargo, ha dudado de que la puesta en marcha de estas medidas no supongan «herir de muerte» al campo castellanomanchego y le ha exigido a la consejera que aclare en qué forma afectarán a los convenios con ayuntamientos, a las subvenciones para la modernización de las explotaciones, los seguros agrarios o al fomento de la ganadería y la agricultura entre la población joven.

También le ha pedido que aclare qué empresas del sector agrario, públicas y privadas, se verán afectadas por el ahorro de 9,5 millones de euros en las subvenciones.

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, Francisco Gil Ortega, ha defendido la aplicación de estas medidas y ha criticado que el anterior gobierno regional dejó sin pagar los seguros agrarios del último año, que a su juicio era «lo peor que podían hacer».

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