Asaja y UPA Castilla-La Mancha han celebrado que este jueves se ha aprobado en las Cortes regionales la ley relativa a la determinación de la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias en la región, un texto que Unión de Uniones ha rechazado al considerar que es un «traje hecho a medida» para las dos organizaciones anteriores.
Sale adelante con el voto de PSOE y PP
Este jueves, las tres organizaciones han analizado la aprobación de dicha ley, que ha salido adelante con los votos a favor de PP y PSOE, pero con el rechazo de Vox, y que permitirá actualizar la representatividad del sector primario ante las administraciones, una representatividad que se determinará según unos criterios, como tener implantación en las cinco provincias o tener personal contratado que forme a los agricultores y ganaderos y les asesore en las solicitudes de ayudas, como la PAC.
«Más del 88 por ciento de los representantes del pueblo»
Tras su aprobación en el pleno de las Cortes, el presidente de Asaja en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha afirmado en declaraciones a EFE que la validación de esta norma es «un homenaje importante» a todos los han trabajado, desde la implantación de la democracia en España, porque Asaja sea «una organización consolidada», con «una trayectoria generacional impresionante», con «muchísimos afiliados en Castilla-La Mancha, muchas estructuras, muchos trabajadores» y que han hecho «todo tipo de movilizaciones».
Fresneda ha subrayado que su organización ha hecho llegar sus propuestas a los tres grupos parlamentarios y ha agradecido a PP y PSOE, que suman «más del 88 por ciento de los representantes del pueblo», que hayan tenido en cuenta todos sus planteamientos, mientras que ante las críticas que otras organizaciones agrarias -que no lograrán el reconocimiento de representativa- ha señalado que cada cinco años se revisará si una organización agraria se considera representativa o no.
«Todo el mundo tiene la oportunidad», ha señalado Fresneda, que ha apostado por mantener «la tensión a tope para seguir creciendo y para seguir siendo fuertes y saber representar a los agricultores con un planteamiento muy profesional y con una independencia política absoluta».
«Cualquiera no puede llegar aquí»
También en declaraciones a EFE, la secretaria de Organización de UPA Castilla-La Mancha, Elisa Fernández, ha subrayado la importancia de la aprobación por consenso de esta ley y ha valorado que otros de los requisitos que se exija a las organizaciones agrarias es que tengan un mínimo de tres años de antigüedad, aunque ha opinado que «incluso es poco y tenía que haber sido más».
«Lo que está claro es que cualquiera no puede llegar aquí», ha recalcado Fernández, que ha subrayado que los criterios para ser organización representativa son «objetivos y totalmente legales», al tiempo que ha comprometido que UPA trabajará para «defender los intereses de los agricultores y ganaderos» y «estar al frente de las reivindicaciones que necesitan el sector lo está pasando mal».
«Un traje hecho a medida»
En cambio, en declaraciones a EFE, el presidente de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, Andrés García, ha criticado la norma al considerar que es un «traje hecho a medida» para UPA y Asaja, ya que a su entender les beneficia, y ha afeado que no se haya articulado un sistema de elecciones para que los agricultores y ganaderos elijan a sus representantes.
«Es una ley muy poco democrática», ha denunciado García, que ha rechazado el argumento de que ha contado con un amplio consenso en la cámara, e incluso se ha preguntado que si PP y PSOE llegaran a un acuerdo par que no se celebran elecciones autonómicas «no sería necesario que las hubiera», porque «han llegado al acuerdo el 88 % de la cámara».
García ha defendido que lo importante de una organización agraria es que defienda los intereses del sector, pero ha reprochado que la norma premia que las organizaciones agrarias hagan de «gestorías para tramitar la PAC».
Aprobada con el voto de PSOE y PP
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves, con el voto a favor de los grupos parlamentarios de PSOE y PP, la proposición de ley relativa a la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en Castilla-La Mancha, que actualiza la actual norma, que está en vigor desde 1977.
En el pleno de las Cortes que se ha celebrado este jueves, y en el que se ha debatido y aprobado la norma, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha resaltado que esta norma supera «un vacío normativo que existía desde hace mucho tiempo» y permitirá establecer un procedimiento «claro, transparente y adaptado a la realidad actual del sector» para determinar qué organizaciones agrarias son representativas de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.
En concreto, la norma detalla los requisitos que las organizaciones han de cumplir para poder concurrir al procedimiento para la determinación de la representatividad, como que deben estar constituidas y reconocidas como organizaciones profesionales agrarias de carácter general y de asociación sindical y que formen parte de una estructura a nivel estatal, la cual sea a su vez miembro del Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA).
También deben acreditar que entre sus objetivos tienen la defensa de los intereses generales de la agricultura y la ganadería, y que tienen implantación y actividad efectiva en las cinco provincias.
Y entre los criterios para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, se tendrá en cuenta que estén compuestas por un «número relevante» de asociados a la organización y que disponga de «un número relevante» de sedes permanentes en la región, así como la acreditación de trabajadores en plantilla propios o de organizaciones provinciales miembro integradas y el desarrollo de programas de formación dirigidos a los agricultores y ganaderos.
También se tendrá en cuenta la participación en tareas de representación, diálogo y colaboración con la administración regional, provincial y local; el asesoramiento a solicitantes para facilitar el acceso a ayudas públicas, en especial de la PAC, y a los seguros agrarios, y el número de solicitudes de ayudas agrarias tramitadas por la organización con carácter anual en las distintas convocatorias lanzadas por la administración regional.
La Consejería competente será la encargada de designar cuáles son las organizaciones profesionales agrarias más representativas de Castilla-La Mancha, para lo que deberá dictar una resolución motivada y dicha resolución tendrá una vigencia de cinco años.
De este modo, a las organizaciones profesionales agrarias de carácter general a las que se reconozca la condición de más representativas en la región desarrollarán funciones de representación institucional en defensa de sus intereses ante la Junta de Comunidades y otras entidades u organismos de carácter regional, y tendrán los derechos inherentes a su consideración como tales.
Una ley que «contribuye a fortalecer la voz del campo»
Por todo ello, el consejero de Agricultura ha subrayado que esta norma «da seguridad jurídica, estabilidad institucional y garantiza la interlocución de las entidades que tengan implantación en toda la región» y «contribuye a fortalecer la voz del campo, con un procedimiento de gobernanza más justo, representativo y eficaz».
Martínez Lizán, que ha agradecido la disposición del PP por trabajar «por el consenso, escuchando la voz de los agricultores y ganaderos», ha tachado de «papelón» la intervención del presidente de Vox en las Cortes, David Moreno, que ha pedido que se paralice la tramitación de la ley y su grupo ha votado en contra de la misma.
Vox critica «pactos de conveniencia entre PP y PSOE
En concreto, Moreno ha denunciado que es una norma que no beneficia al sector, sino que es «otro de sus pactos de conveniencia entre PP y PSOE», que a su entender «han presentado sin escuchar las reivindicaciones de todo el sector» y que, además, «genera desigualdades con otras comunidades autónomas».
Moreno ha criticado que la proposición de ley introduce como criterio que las organizaciones agrarias formen parte de la COPA y se ha preguntado los motivos de este requisito, pues ha advertido de que no lo existe en otras comunidades autónomas ni en la norma nacional, y ha exigido que se reconozca «la gran labor de todas las organizaciones agrarias».
«A ustedes, con su bipartidismo, les interesan más sus propios intereses», ha espetado Moreno a socialistas y populares, s los que también ha afeado que en la ley no se arbitre un mecanismo para celebrar elecciones para elegir a las organizaciones agrarias representativas, sino que se han fijado criterios en una norma tramitada «de manera oculta, con cierta nocturnidad y alevosía».
Sin embargo, el consejero de Agricultura ha detallado a Moreno que solo en Francia se celebran elecciones al campo tal y como plantea Vox, porque allí los agricultores están obligados a afiliarse a alguna organización agraria, mientras que en Castilla-La Mancha, si se convocaran comicios, solo podrían participar el 20 por ciento.
Asimismo, ha explicado que la representatividad se determina por un plazo de cinco años, por lo que si cuando se abra el plazo, alguna organización queda fuera, podrá volver a presentar la documentación pasado ese tiempo y, si cumple los requisitos, entonces se le reconocerá la representatividad.
«Será una ley importante, que viene a atender una petición histórica del sector agropecuario», ha concluido Martínez Lizán.
También el diputado del PP en las Cortes Santiago Lucas-Torres ha subrayado la importancia de la norma, que «no es un trámite, sino un mensaje político claro y refleja un compromiso institucional serio» y que «nace de la representatividad del sector, no de ocurrencias».
«Esta ley es una trasposición de la realidad de la región, no excluye a nadie», ha subrayado Lucas-Torres, que ha incidido en que la ley no discrimina a ninguna organización, sino que exige responsabilidades, al tiempo que ha calificado de importante que las organizaciones agrarias estén en la COPA, porque es donde se negocia la PAC.
El encargado de exponer los pormenores de la ley y defender la postura del grupo socialista ha sido el diputado Antonio Sánchez Requena, que ha destacado que se trata de una norma «sensata, que aporta criterios objetivos» y ha defendido que la ley saldrá adelante con el apoyo del 88 % de la cámara.