Castilla-La Mancha va a contar con su primera ley que va a determinar cómo es la representación en el sector agrario, una reivindicación del campo, que con esta ley ganará seguridad jurídica, se legitimará y regulará el diálogo entre el Gobierno regional y las organizaciones agrarias, y que además va a salir adelante con el acuerdo entre el PSOE y el PP, que representan a 29 de los 33 diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha.
«Una ley importante y esperada»
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha manifestado su satisfacción porque el pleno de las Cortes regionales debata esta mañana la Proposición de Ley de Determinación de la Representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias en Castilla-La Mancha, “una ley importante y esperada para el sector agrario”.
“Esta ley vendrá a conformar las cuestiones previas para determinar la representación que en el territorio de Castilla-La Mancha se hace de quien viene trabajando por el campo, de quien tiene que aportar cuestiones vinculadas al desarrollo agronómico de la región y que tienen que dar el visto bueno a las medidas que podemos plantear desde el Gobierno para el desarrollo de las políticas agrarias presentes y futuras”, ha manifestado el consejero.
En rueda de prensa previa al debate en las Cortes regionales, Martínez Lizán ha asegurado que con esta norma “damos un paso firme y necesario hacia la modernización y la legitimación del diálogo entre el sector agropecuario y la propia Administración”.
El consejero, que ha desgranado los objetivos y beneficios que supondrá para el conjunto del sector esta ley, ha asegurado que esta norma pone de manifiesto “el compromiso con el sector, atiende una reivindicación que viene desde hace años, y que, junto con el consenso técnico, el diálogo y el respeto a la pluralidad del tejido agrario, da como fruto esta ley”.
En la enumeración que ha realizado, Martínez Lizán ha destacado que la nueva norma viene a superar un vacío normativo “que existía desde hace mucho tiempo, más de 45 años, y que establece un procedimiento claro, transparente y adaptado a la realidad actual de nuestro sector y de nuestra región, recogiendo las inquietudes de los tiempos que estamos viviendo”.
De la misma manera, el nuevo texto dará seguridad jurídica y estabilidad institucional, garantizando la interlocución con entidades que acrediten su representación, porque estén implantadas en toda la región, que realicen una actividad de defensa continuada del sector a lo largo del tiempo y que tengan un compromiso claro con intereses generales del sector.
Julián Martínez Lizán ha destacado también que el nuevo texto reforzará la legitimidad democrática del sistema de representación agraria, al sustituir el mecanismo que hasta ahora se ha venido utilizando para determinar la representatividad por un método propio, ajustado a las competencias autonómicas y a la realidad territorial de Castilla-La Mancha. En ese sentido ha recordado que la anterior ley data de 1977 y, por tanto, era necesaria su modernización.
La ley también fomenta y regula la participación efectiva de las organizaciones agrarias en los órganos consultivos y de decisión de la Consejería, “por eso va a ser una ley importante, que viene a reiterar una petición histórica del sector agropecuario de nuestra región y que, además, contribuirá a fortalecer la voz del campo y a consolidar un modelo de gobernanza más justo, representativo y eficaz”.
Durante su intervención, el consejero también ha destacado que la ley deja definidas unas reglas estables para el futuro de la representación de organizaciones que existan o puedan existir en el contexto regional, puesto que estas bases, “esperemos que sean de aplicación durante mucho tiempo”, ha manifestado.
Así es la nueva ley
Por lo que respecta a la estructura de la ley, consta de nueve artículos, divididos en dos capítulos, el primero con dos artículos, que contiene los requisitos que las organizaciones han de cumplir para poder concurrir al procedimiento para la determinación de la representatividad; y el segundo con siete artículos, que contiene el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.
La ley consta también de una disposición transitoria única sobre la representatividad transitoria de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS), y una disposición derogatoria relativa a la derogación de todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que se opongan a la misma, así como dos disposiciones finales.
