Saludo a los lectores de encastillalamancha.es.
La Unión Europea llega al final de una legislatura convulsa, atípica, marcada por la pandemia del covid, una guerra a las puertas del Viejo Continente y otros conflictos geopolíticos que han marcado el devenir de los principales acontecimientos.
Y se cierra así esta etapa con un compromiso sin muchos precedentes de los eurodiputados, y de los actuales miembros de la Comisión Europea, desde su Presidenta al último director general. Ahora sí dicen que hay que reconducir el enfoque de la actual Política Agraria Común (PAC) recién estrenada, aunque cuestionada desde las primeras negociaciones en algunos objetivos medioambientales por su dificultad de llevarlos a la práctica por la acción de un Cambio Climático que también preocupa a nuestro campo.
Más allá de las flexibilidades que han sido autorizadas en la actual PAC, lo que parece haber calado en el seno de las instituciones europeas tras las movilizaciones ha sido el profundo hartazgo hacia una legislación enrevesada que se escribe tantas veces de espaldas a los principales interesados en que el sistema funcione, nuestros agricultores y ganaderos.
A la vista de esta reacción, ha faltado y falta realismo en muchas iniciativas legislativas y más evidencias científicas antes de plantear reglamentos en los que se incorporan indicadores o parámetros numéricos -sin mucho sentido- para reducir por ejemplo el uso de fitosanitarios contra plagas y enfermedades, cuando la estadística de esas propias instituciones está diciendo, ya que el agricultor lo está consiguiendo gracias a nuevas herramientas o por la vía de la formación en el uso eficiente de productos.
Un reglamento, por cierto, que abogaba por una esperada y necesaria actualización para desarrollar la agricultura de precisión, los tratamientos aéreos con dron o la gestión integrada de plagas o lucha biológica y que al final, se quedó en un debate simple, político y polémico.
Pasa también ahora con la normativa del transporte animal, otro de los proyectos que retomará la nueva Comisión Europea que salga de las elecciones. 14 asociaciones ganaderas veterinarias están diciendo desde hace tiempo que algunos planteamientos agrandan la brecha entre los países del norte y del sur, y que reducir tiempos o incorporar criterios de temperaturas en una norma que ya es muy exigente y segura, hacen inviable la producción y el abastecimiento.
Esta sordera la hemos visto estos años con otras normativas en las que los productores pedían precisar en el etiquetado de productos de sectores vulnerables como es nuestra apicultura los porcentajes de mezcla y el origen de esas mezclas de miel en beneficio al menos del consumidor para que decida qué compra. Eso -que es algo lógico- se ha rechazado en iniciativas anteriores. Casualmente, en la recta final de la legislatura, parece que el cambio está más cerca.
¿Hay que dar tantas vueltas?