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lunes, 20 de octubre de 2025
Vehículo de Bolt.
Vehículo de Bolt.
- 20 octubre 2025 - Toledo

La plataforma Bolt condena las recientes inmovilizaciones de vehículos con licencia VTC por parte de la Policía Local, una actuación que califica de «ilegal», «ya que el Ayuntamiento carece de competencias para limitar este tipo de servicios en trayectos urbanos».

La compañía que opera en la capital regional desde agosto ha subrayado que sus operaciones en Toledo se desarrollan «con total cumplimiento de la legislación vigente» y considera que estas intervenciones suponen «un grave perjuicio» para los ciudadanos, los conductores profesionales y el derecho a una movilidad libre y moderna.


La Policía Local de Toledo ya ha inmovilizado 30 vehículos de Bolt

 

Pide que se actualice la normativa

En un comunicado de prensa, Bolt asegura que «esta situación pone de manifiesto, nuevamente, la necesidad de que la región actualice la normativa y establezca reglas claras en beneficio de los ciudadanos y los profesionales del transporte», subraya la plataforma.

«Los ciudadanos y usuarios de Toledo no merecen ser tratados como ciudadanos de tercera. En un contexto en el que la mayoría de los mercados están apostando por la innovación, corresponde a Toledo y Castilla-La Mancha decidir si van a seguir las normas y la jurisprudencia de la Unión Europea o no», ha añadido el director de Bolt en España, Daniel Georges.

Asimismo, desde Movea, asociación del sector VTC en España, se anuncia que las multas e inmovilizaciones serán recurridas por vía legal, al no estar amparadas por ninguna normativa aplicable. Además, denuncian «prácticas graves» durante las inspecciones, que podrían tener consecuencias jurídicas.

«Además de las inmovilizaciones que no son conforme a derecho, contamos con pruebas de otras actuaciones ilegales: los agentes obligan a los viajeros a abandonar el vehículo y tomar un taxi, y retiran los teléfonos móviles tanto a conductores como a usuarios sin ningún tipo de consentimiento. Las VTC no descartan emprender acciones legales contra representantes públicos por la comisión de posibles delitos», señalan desde Movea.

Enclm

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