El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, conocida como ley de acompañamiento a los Presupuestos de 2026, que incluye una rebaja fiscal significativa a jóvenes para la compra de una vivienda, nuevas deducciones en el IRPF, la simplificación de trámites administrativos y medidas sociales vinculadas al agua, el transporte y la discapacidad.
Así lo ha anunciado este martes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha detallado que la ley de acompañamiento será llevada a las Cortes regionales «de manera inmediata» para iniciar su tramitación parlamentaria.
Rebaja del 40% en impuestos para la primera vivienda de jóvenes
El principal bloque de la ley está centrado en facilitar el acceso a la vivienda a los menores de 36 años. Entre las medidas destacadas figura la reducción del 40% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que pasa del 5% al 3% en la compra de la primera vivienda habitual.
Además, el tipo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados se reduce del 0,50% al 0,25% para este mismo colectivo, y se crea una nueva deducción autonómica en el IRPF del 15% por las aportaciones realizadas a cuentas ahorro vivienda, con un límite máximo de deducción de 3.000 euros.
A estas medidas se suma el incremento de la deducción por alquiler de vivienda, que pasa de 450 a 500 euros anuales y que beneficiará no solo a jóvenes, sino también a familias numerosas, familias monoparentales y personas con discapacidad.
Asimismo, se eleva de 180.000 a 240.000 euros el valor máximo de la vivienda para poder acogerse a estas deducciones fiscales.
El paquete fiscal se complementa con la concesión de préstamos a tipo cero por parte de la Junta para financiar hasta el 20% del precio de la vivienda no cubierto por las entidades bancarias.
Las deducciones en el IRPF tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, mientras que el resto de medidas entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Nuevas deducciones y eliminación de tasas
La ley incorpora también una deducción del 30% en el IRPF por los gastos veterinarios y de vacunación de perros de asistencia para personas con discapacidad, con un máximo de 100 euros.
En materia de tasas, se elimina el coste de los certificados profesionales del programa Acredita, destinados a facilitar el acceso o la promoción en el mercado laboral, y se exonera del pago de la tasa de ITV a los vehículos adscritos a licencias de autotaxi, como medida de apoyo al sector.
Bonificaciones en el canon del agua y apoyo social
El Consejo de Gobierno ha aprobado además bonificaciones en el canon del agua: del 100% para personas con discapacidad igual o superior al 33% y del 50% para usuarios en riesgo de exclusión social cuando no exista una bonificación municipal total. También se agilizan los trámites para que las familias numerosas accedan a estas bonificaciones de forma inmediata.
Asimismo, se aprueba una exención temporal para los ayuntamientos hasta marzo de 2028 por las pérdidas de agua derivadas de fugas en las redes municipales.
Menos burocracia y mejoras en recursos humanos
El segundo gran bloque de la ley aborda la simplificación administrativa, sustituyendo autorizaciones por declaraciones responsables y estableciendo el silencio administrativo positivo en varios procedimientos.
Estas modificaciones afectan a normativas como la Ley de Carreteras, Transporte, Artesanía, Servicios Sociales y Ordenación Urbanística.
En el ámbito del personal público, se introducen mejoras en los procesos selectivos del sistema sanitario, reduciendo plazos y facilitando la provisión de jefaturas asistenciales.
Fondo contra la despoblación
Finalmente, el proyecto crea el Fondo de Apoyo a la Lucha contra la Despoblación, que se financiará con recursos procedentes del planeamiento urbanístico y cuyo importe se concretará en las leyes anuales de Presupuestos.
Según ha indicado Ruiz Molina, estas medidas podrían beneficiar a más de 13.000 personas y suponen un coste estimado de ocho millones de euros, dentro de un conjunto de beneficios fiscales que superan los 390 millones de euros.
