Csif recibe con preocupación las indicios que hablan de una posible intención del Servicio de Montes y Espacios Naturales, dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de sacar a la venta varios montes regionales incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, y sus repercusiones en los profesionales encargados de su conservación, lo que podría llevar aparejada la pérdida irreparable de empleo público y de efectivos ocupados del cuidado de nuestra masa forestal.
Csif opina que la intención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de desprenderse de una parte de los montes de titularidad pública para su venta a particulares que pudieran estar interesados en su explotación forestal o de actividades de caza supone un verdadero atentado al medio ambiente y un riesgo para la estabilidad de los puestos de trabajo de los funcionarios especializados en la gestión de terrenos forestales y conservación de la naturaleza.
El sindicato mayoritario de la Función Pública denuncia, de llevarse a cabo, el propósito encubierto de la Consejería de Agricultura de la JCCM de privatizar el sector público y de hacerlo a través de la exclusión de un 20 por 100 ó un 30 por 100 de los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, a pesar de que la legislación vigente establece que «los montes de dominio público o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables».
Aunque desde el sindicato se conoce que «la exclusión de montes del Catálogo de Montes de Utilidad Pública sólo procede si estos hubiesen perdido las características por las que fueron catalogados y fuera irreversible la recuperación de las mismas…», se requiere una explicación pública para desmentir la venta de fincas en Castilla-La Mancha.
La zozobra con la que están viviendo estas noticias los profesionales dedicados a cuestiones forestales y medioambientales lleva al sindicato Csif a exigir una manifestación pública de la consejera responsable, María Luisa Soriano, a aclarar cuáles son los planes de su departamento y que confirme el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, para que los empleados públicos no se sientan amenazados por la política de privatizaciones del gobierno regional.-