La diputada regional y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha pedido hoy al alcalde alcazareño, Diego Ortega, que retome la negociación con la oposición sobre el proceso de adjudicación de la empresa Aguas de Alcázar y que cese a los concejales que lo han conducido.
En una rueda de prensa que ha dado en Toledo, Melchor ha sugerido a Ortega que siga el ejemplo del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que paralizó el proceso de «privatización» de los hospitales madrileños cuando hubo una sentencia judicial en contra y le ha demandado que cese «a quienes han sido los responsables de este intento de venta».
Se trata del gerente de Aguas de Alcázar y portavoz del PP en el Ayuntamiento alcazareño, Ángel Puente, y el concejal de Ciclo Hidráulico, Ángel Montealegre, que según Melchor han sido los responsables del proceso de adjudicación a Aqualia de la gestión del servicio, que ha suspendido por defento de forma el Tribunal Central Administrativo del Ministerio de Hacienda.
Melchor ha insistido en reclamar diálogo al regidor con la oposición, porque según la portavoz municipal del PSOE: «Hay soluciones que ya se han puesto sobre la mesa para que la empresa continúe siendo viable y siga teniendo unos beneficios de 600.000 euros que reviertan en los vecinos de Alcázar y no en los bolsillos o en las cuentas de una empresa privada».
En este sentido, ha comentado que le parece «muy poco responsable» que ante una resolución de un tribunal que les deja como única salida jurídica de acudir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha «su respuesta sea vamos a solucionar estas dos cosas como si no tuvieran importancia y vamos a seguir para adelante».
Estas dos cuestiones, «que según el alcalde no tienen importancia», son que se ha anulado la adjudicación porque había un defecto de forma «tan importante y tan sustancial como que dejaba en desigualdad de oportunidades al resto de las empresas que hubieran querido ser adjudicatarias».
En este sentido, Melchor ha advertido que reiniciar el proceso llevará un periodo de cinco o seis meses, aunque ha admitido que el proceso de adjudicación de la gestión del servicio de aguas podría completarse dentro de la actual legislatura, aunque «en contra de la justicia y en contra del pueblo».