El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda ha rechazado el último recurso presentado por el PSOE contra la capitalización de Aguas de Alcázar, lo que permite seguir con el proceso de la conversión de la empresa en sociedad mixta.
Así lo ha anunciado esta tarde el alcalde de la localidad, Diego Ortega, quien ha asegurado que esta decisión «se esperaba», ya que el segundo pliego de adjudicación, elaborado tras la suspensión del primero, ha seguido las instrucciones dadas por este mismo Tribunal, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Ortega ha criticado «el triunfalismo engañoso del PSOE» y ha comentado: «la suspensión cautelar del pasado 13 de junio era sólo eso, cautelar y no definitiva, como se ha demostrado ahora».
Según el regidor: «el levantamiento de la suspensión es una buena noticia para la ciudad, para los vecinos y para la propia Aguas de Alcázar, que se podrá salvar gracias a su capitalización, pues de lo contrario habría que haberla disuelto por la deuda que arrastra como consecuencia de la anterior gestión socialista».
El levantamiento de la suspensión ha sido acogido desde el Ayuntamiento «con la misma normalidad con la que se acogió la suspensión cautelar», ha subrayado Ortega.
Ha añadido: «no hay triunfalismos, sino responsabilidad para continuar con un proceso que va a solucionar un gravísimo problema que tiene Aguas de Alcázar provocado por la ‘nefasta gestión’ del PSOE durante años».
Tras la resolución del Tribunal se podrá adjudicar el 52 por ciento de las acciones a la empresa que se ha presentado al segundo procedimiento de licitación y que previsiblemente concluirá a lo largo de este mes.
También se podrán aprobar las cuentas del ejercicio de 2013 que dejó ayer sobre la mesa la Junta General de Aguas de Alcázar.
El alcalde se ha felicitado porque «ha triunfado el sentido común y la democracia, frente a la defensa de los intereses partidistas del PSOE, el boicot a todos los procesos y la utilización de los vecinos para atentar contra la legalidad y las normas más básicas de la democracia».
Así se pudo ver en la Junta General de Aguas de Alcázar «en la que miembros de la plataforma del agua tuvieron que ser expulsados por la Policía Local, porque las juntas de accionistas no son y nunca han sido públicas», ha apuntado Ortega.