En la imagen, una de las diferentes concentraciones que organizaron los interinos despedidos durante los últimos meses pidiendo su readmisión.
Los 400 interinos despedidos por la Junta en agosto de 2012 comenzaron el lunes 29 de diciembre a reincorporarse a sus antiguos puestos de trabajo, por lo que de esta forma comienza a aplicarse la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al Gobierno de Castilla-La Mancha a readmitirlos.
Se van reincorporando a sus antiguos puestos de trabajo justo en el momento en el que les llega la carta de la Consejería correspondiente, tal y como ha confirmado a encastillalamancha.es la secretaria del Sector Autonómico de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Beatriz Tormo. De momento solo falta la Consejería de Fomento por notificar la reincorporación a sus antiguos trabajadores.
A todos estos interinos, según Tormo, «nada más llegar al trabajo se les oferta que se cojan los 22 días laborables a los que tienen derecho por vacaciones, pero con ello lo que la Junta quiere es que durante ese tiempo amortizan su plaza, para luego despedirles formalmente y así nunca tienen que incorporarse físicamente al centro donde estaban, donde al menos les tienen que ubicar en una mesa y con un ordenador».
Aunque hay algunos de estos 400 interinos «que no ha aceptado irse de vacaciones, aun a sabiendas de que las van a perder y no tienen derecho a cobrarlas, porque quieren seguir ahí. Pero otros no, se las han cogido. Les dan de alta en la Seguridad Social y les dicen que les pagarán su nómina correspondiente, pero no van a contar en el futuro con ellos».
La mayoría de estos trabajadores cumplían su labor, antes de ser despedidos, en las diferentes Delegaciones Provinciales de las Consejerías, la mayoría de ellos en Sanidad.
E incluso hay casos «en los que no les dejan ni reincorporarse porque los centros donde trabajaban ya están cerrados. Les dicen que les reconocen la plaza hasta que el centro estuvo abierto y ya está. En esta situación puede haber más de 90 trabajadores de esos 400».
Recordemos que todo este conflicto comenzó en agosto de 2012, cuando los sindicatos consideraron que se había vulnerado el principio de negociación colectiva, con lo que se había violado el derecho a la libertad sindical al no existir una negociación real y convocarse la Mesa Sectorial como un «trámite». Hasta que la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declaró firme la sentencia que obligaba a readmitirlos.
Un proceso que, según los sindicatos, ha supuesto que la Junta tenga que pagar unos 30 millones de euros aproximadamente, una cifra que puede valorar en función de cada categoría laboral.