El Gobierno de Pedro Sánchez ha priorizado cumplir sus compromisos con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y con sus socios de ERC a pactar un modelo de financiación autonómica con todas las comunidades del Estado. Con solo el voto a favor del Gobierno de España, Cataluña y Canarias, el nuevo modelo va camino del Consejo de Ministros y luego del Congreso, donde tendrá que ser definitivamente aprobado o rechazado. PP, Vox y Junts han anunciado su oposición a la propuesta, por el momento.
El resto de las comunidades, incluidas las dos con gobiernos socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, han votado contra el modelo, que además de no satisfacer sus aspiraciones consideran que vulnera gravemente el principio de igualdad en el reparto de fondos estatales.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, viene siendo crítico con la propuesta desde que la anunció Oriol Junqueras en enero. En esa línea se ha manifestado nuevamente tanto el presidente de la Junta como el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, para quien «es un modelo impuesto para mantener los privilegios de Cataluña»
Hoy, antes de entrar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el consejero ha pedido al Gobierno de España abstenerse en la votación, dado el alto rechazo del modelo pactado con Cataluña y los independentistas. Es “un modelo impuesto” y no negociado con las comunidades autónomas, ha lamentado Ruiz Molina. Castilla-La Mancha es una de las cuatro comunidades peor financiadas de España y, aunque el nuevo sistema aporta más dinero a todos los territorios, seguirá siendo una de las perjudicadas.
¿Por qué el Gobierno de Page se opone a la nueva financiación autonómica?
Hacienda de Castilla-La Mancha ha reiterado la “oposición frontal” del Gobierno de Page al modelo planteado por el Ejecutivo central, una posición que responde a tres razones tanto en las formas como en el fondo. El Gobierno regional rechaza el modelo porque es impuesto, “que se ha negociado exclusivamente con Cataluña, la mayor beneficiada”; se ha hecho caso omiso a las aportaciones de las comunidades autónomas; rompe el principio de igualdad entre territorios que consagra la Constitución española y perjudica a Castilla-La Mancha.
“Desde Cataluña se está definiendo el futuro de la financiación del conjunto de los españoles”, ha lamentado Ruiz Molina. El modelo propuesto prima el “principio de ordinalidad”, según el cual, “aquellas comunidades autónomas que tengan más acumulación de habitantes con rentas altas tienen derecho a mayor financiación, es decir, que quien paga más impuestos tiene derecho a mayores servicios públicos”.
Por el contrario, Castilla-La Mancha, defiende que la financiación autonómica debe garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a los mismos servicios públicos y con el mismo nivel de calidad, con independencia de dónde vivan y de la capacidad económica de su territorio.
«Castilla-La Mancha sería la comunidad autónoma peor financiada en términos relativos»
Finalmente, el consejero de Hacienda ha explicado que la propuesta de financiación autonómica empeora la posición relativa de esta región respecto al sistema actual: “Pasamos a ser la peor financiada en términos relativos”.
En su opinión, el debate no se limita a una cuestión de principios, sino también de cómo queda la región y de los recursos con los que contará Castilla-La Mancha para financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales y el resto de los servicios públicos que presta a la ciudadanía. Y ha reiterado, que su presencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es en representación del Gobierno de Castilla-La Mancha para “defender los intereses de la ciudadanía de la región”.
Fedea: CLM, a la cola de financiación por habitante: 8 euros por 450 para Cataluña
Recientemente, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) demostró «problemas de equidad» en materia de financiación con el nuevo modelo. Son «prácticamente invisibles» para el público general, ya que sitúa a Cataluña como la comunidad que más recursos recibió para la gestión de sus competencias singulares, con 450 euros por habitante, frente a los 8 euros ‘per cápita’ que recibió Castilla-La Mancha, decía Fedea.
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