La Audiencia Nacional juzgará al expresidente de Caja Castilla La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y al ex director general Ildefonso Ortega en febrero de 2016 por varias operaciones con las que causaron un agujero de 138 millones, hechos por los que el fiscal ha pedido dos años y medio de prisión.
Será el juez central de lo Penal el encargado de celebrar la vista, que ha quedado fijada para los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de febrero del próximo año.
El instructor del caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, abrió juicio oral contra ambos el pasado diciembre y les impuso una fianza civil de 138,2 millones, equivalente al agujero ocasionado en la caja por delitos de administración desleal y falseamiento de las cuentas.
Sin embargo, al no poder afrontar la cuantía, el magistrado procedió al embargo de sus bienes hasta alcanzarla.
Para ellos, la Fiscalía ya pidió dos años y medio de prisión pero solo por el delito de falseamiento de cuentas por emprender una «maniobra contable» con la que reflejaron 30 millones en beneficio en lugar de unas pérdidas de 182 millones.
Sin embargo, no reclamó ninguna responsabilidad civil ni les acusó del delito de administración desleal que sí apreció Ruz.
ELEVAN LAS PETICIONES
Mientras, el Banco de Castilla La Mancha y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) elevan sus peticiones a cinco años y medio y cinco años de prisión, respectivamente, por los dos delitos.
Ruz consideró indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una «notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación», con «manifiesto incumplimiento de los estándares normales en la concesión de riesgos».
Ello derivó en un «perjuicio económico para la caja», ejecutando determinadas prácticas con «incidencia o afectación sobre la imagen fiel contable y de riesgos, como consecuencia de ocultar la morosidad y el nivel de concentración de riesgos de la entidad».
Pasaba entonces a detallar cada una de las operaciones aprobadas por la Comisión Ejecutiva de las que ya alertó el Banco de España en su pericial, en la que el supervisor encontró «actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil».
Se refería a los créditos a Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Kopan Cartera, T-Solar Global, Renovalia, Residencial Picón, Sersan Integral o Grupo Lábaro, entre otros, por 253,8 millones de euros, siendo la de mayor volumen la de un crédito de 60 millones a Zent Inversiones.
A continuación figuraban dos préstamos de 50 millones cada uno para el empresario Antonio Barco Fernández y para el Grupo de Negocios Urbaja.
«SE DIERON PRÉSTAMOS SIN OBSERVAR LAS REGLAS DE LA PRÁCTICA HABITUAL»
«En la práctica totalidad de ellas», decía el juez, se concedieron préstamos «sin observar las reglas de la práctica habitual y de la propia normativa interna de la entidad respecto de las garantías exigibles para autorizar dichas operaciones, lo que se tradujo en un trato de favor hacia la parte deudora».
Todo ello «supuso un claro perjuicio económico a CCM, ya que los préstamos resultaron total o parcialmente impagados y las garantías prestadas resultaron insuficientes para su recuperación», siendo además «muy significativo» que muchos se otorgaron cuando la Caja «atravesaba una situación de grandes problemas de liquidez».
Asimismo, afirmaba que reflejaron beneficios en los estados financieros correspondientes a 2008 que presentaron al Banco de España, «siendo ambos conscientes, por el contrario, de que la entidad en realidad había incurrido en pérdidas en el citado ejercicio».
CCM fue la primera entidad española en ser intervenida en esta crisis cuando en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobó una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.