El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja con la previsión de que el Ministerio de Hacienda convoque la próxima semana el Consejo de Política Fiscal y Financiera que dará el visto bueno al Plan Económico Financiero (PEF) que permitirá a la Junta salir al mercado a buscar financiación.
Así lo han indicado a Efe fuentes del Gobierno regional, que han indicado que la previsión de que la economía caiga un 1,7 por ciento anunciada hoy por el Gobierno central podría obligar a hacer algún retoque en el plan, realizado con una previsión de decrecimiento del 1,5 por ciento.
En cualquier caso, esa variación la compensa la decisión del Gobierno central de elevar el límite de déficit permitido para las comunidades autónomas en 2012 del 1,3 al 1,5 por ciento, un objetivo que el Gobierno castellanomanchego cree que puede cumplir sin necesidad de más ajustes que los ya anunciados e incluidos en el PEF.
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha afirmado hoy en un acto público con autónomos de Castilla-La Mancha que el Ministerio de Hacienda ha confirmado, aunque no de forma oficial, el plan que elaboró el exconsejero Diego Valle y que ha retocado su sucesor Arturo Romaní.
Castilla-La Mancha lleva desde comienzos de 2011 sin autorización para salir al mercado a colocar deuda a medio y largo plazo, pues el Ministerio no dio el visto bueno al plan de reequilibrio financiero que hizo el anterior Gobierno regional después de que la región terminara 2010 con un déficit del 6,4 por ciento.
Ahora, después de cerrar 2011 con un déficit del 7,3 por ciento -de nuevo el más alto de España-, el Gobierno de Cospedal espera recibir la próxima semana el plácet del Ministerio y empezar una operación financiera en la que, de acuerdo con las fuentes consultadas por Efe, ya hay bancos interesados.
Esa financiación, unida a los préstamos que ha aprobado hoy el Ejecutivo central, son los instrumentos con los que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende conseguir liquidez para empezar a pagar los alrededor de 3.000 millones de euros que debe a proveedores de bienes y servicios de la Junta.