El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado hoy un «ambicioso» plan de regadíos social para Castilla-La Mancha, dotado con 31,5 millones de euros.
Con este plan, ha dicho Martínez Arroyo, se va a «hacer más eficiente el uso de agua, la competitividad y el reparto del recurso» para las 168 comunidades de regantes y sociedades agrarias de transformación.
Objetivo «imprescindible» para el futuro de la agricultura y el medio rural que el consejero ha compartido en la reunión del Comité de Dirección, convocado en Tarancón (Cuenca) para hacer balance y fijar las próximas líneas de trabajo conjunto con las que impulsar el sector agroalimentario y medioambiental.
El titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha insistido en el compromiso «real y efectivo» del Gobierno regional para hacer compatible la actividad económica con la sostenibilidad del medio ambiente y poder «utilizar mejor el agua y redistribuir la riqueza entre todos los regantes».
Ha recordado el acuerdo a que ha llegado el Gobierno regional con la Comisión Europea para poner en marcha una nueva medida de ayuda agroambiental «de verdad», en alusión a «aquella medida del girasol que nunca fue capaz de consensuar el Ejecutivo anterior con la Comisión Europea, en el PDR», ha asegurado.
Se trata de una nueva medida dotada con 15,4 millones de euros que pone en marcha la Dirección General de Desarrollo Rural para beneficiar a muchos agricultores de Castilla-La Mancha, especialmente indicado para la provincia de Cuenca.
Martínez Arroyo también ha avanzado la reunión que el próximo 22 de febrero mantendrá la Comisión de Medio Ambiente en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la Ley Antifracking de Castilla-La Mancha y su posterior debate en el Pleno del día 9 de marzo.
El consejero ha lamentado el que considera intento por «adelantar las obras que perjudicarían a los agricultores de Hellín» y ha mostrado su apoyo a los vecinos y alcalde de esta localidad albaceteña.
Para el consejero, «el recrecimiento de la presa de Camarillas en 25 metros de altura supondría anegar zonas que actualmente tienen uso agrícola generando un perjuicio económico importante con pérdida productiva agrícola, por el lucro cesante que se produciría en la comarca de Hellín», a la vez que ha recordado el voto del Gobierno regional en contra del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura en una reunión de la CHS.