Los empleados públicos de toda España harán huelga a final de año sin el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública no convoca la mesa de negociación con ellos para renovar sus condiciones laborales, congeladas desde 2022, cuando se produjo la anterior, lo que ha mercado las mismas en todos sus aspectos.
Esto es lo que han avanzado esta mañana en Toledo representantes de los tres sindicatos convocantes de una manifestación ante la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha: Carmen Campoy, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT regional; Carmen Juste, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO; y Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF CLM.
En el marco de una protesta que ha tenido lugar en toda España, los sindicatos reclaman la convocatoria «urgente» de la mesa de negociación, en la que se deciden las condiciones laborales, entre ellas los salarios (congelados en 2025 para todos los empleados públicos). Los sindicatos quieren uns segundo acuerdo por la modernización de las administraciones públicas (el primero se acordó en la mesa de negociación de 2022, «prorrogado» desde entonces y aplicado hasta 2024), indicó Carmen Campoy.
La no convocatoria de la mesa de negociación, añadio Campoy, afecta a todos los sectores de la función pública: educación, sanidad, emergencias… «Basta de externalizaciones en detrimento del servicio público, debe garantizarse el estado de bienestar», añadió la sindicalista de UGT.
CCOO: «Los empleados públicos han perdido un 20% de poder adquisitivo en los últimos 1o años»
Por su parte, Carmen Juste aseguró que los servicios públicos garantizan la igualdad de oportunidades, pero matizó que «hay que alimentarlos para que funcionen, responsabilidad del Gobierno». Esto es, hay que cubrir las plazas vacantes, renovar las plantilla y acordar buenos salarios, dijo Juste, quien indicó que la no renovación de las condiciones laborales afecta en Castilla-La Mancha a 131.000 trabajadores afectados por las negociaciones en el ámbito estatal.
Juste denunció que la jubilación parcial, «un derecho que hasta tenían los empleados laborales de la Administración, más de 600.000 en España, han perdido ese derecho por las medidas del Gobierno». Por eso quieren que «se reponga ya».
Otra demanda de los sindicatos es que se desarrolle la reclasificación profesional. Juste lo explicó: «El estatuto básico del empleado público, aprobado en 2007, contemplaba la creación de un grupo B que afecta a muchos empleados, a los técnicos sanitarios que ahora están en huelga, a los agentes medioambientales y a los informáticos de las administraciones. Esperamos que se tome esa medida, aprobada en 2007. Hay que dignificar las condiciones laborales de los empleados públicos, lo que va a impedir las privatizaciones», dijo.
Juste especificó la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos por la no renovación de las condiciones laborales: un 20% en los últimos 10 años.
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CSIF: «El Gobierno maltrata al empleado público»
Por su parte, Lorenzo Domínguez, líder regional de CSIF, habló de «maltrato al empleado público», y recordó lo «importantes que son los empleados públicos cuando hay catástrofes o incendios».
Añadió que el Ministerio «da largas, muestra excusas para decir que no hay prespuesto, pero otras veces han subido sueldos a los empleados públicos mediante decreto».
Domínguez se centró en la situación en Castilla-La Mancha: «Es muy grave. Más del 30% de la población vive en situación de pobreza y casi de exclusión social. Por eso pedimos un acuerdo salarial plurianual para equipararnos a la subida del IPC más una cuota adicional a fin de recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos 10 años».
Domínguez se acordó de los «recortes de Zapatero, la tasa Cospedal, la tasa de inflación más alta de España en 2021 y 2022 (en CLM)», para subrayar que la sociedad en la región «se está empobreciendo».
CSIF reivindica el aumento de plantillas, la reversión de la temporalidad (de un 33% en Castilla-La Mancha, un 49% en la sanidad, un 29% en la educación).
Según las cifras aportadas por Domínguez, en los 10 meses de este año, los empleados públicos han perdido en España más de 1.860 millones de euros por la subida del IPC (ahora está en el 3,1%). En Castilla-La Mancha, han perdido 86,8 millones
Y Domínguez avisó: «Si el Ministerio no convoca la mesa de negociación, UGT, CCOO y CSIF haremos una gran movilización en noviembre (a falta de concretar fechas), y si esto sigue igual, una jornada de huelga en diciembre.
