El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha puesto de manifiesto el condicionante que la salida del Reino Unido de la UE supone para afrontar el debate sobre la PAC a partir de 2021. Estima, por ello, que la Política Agraria Común «se deberá pelear -tarea fundametnal de los ministros de Agricultura y del sector agrario- para mantener un nivel de gasto parecido al del periodo actual. Esto solo será posible si desde el sector y las administraciones agrarias somos capaces de hacer entender a los ciudadanos que la PAC es una política dirigida a los consumidores».
Francisco Martínez Arroyo.
En su blog ruralsiglo21.org, Martínez Arroyo reflexiona sobre los que, en su opinión, son los pilares de la futura PAC. En primer lugar hace refencia a que, precisamente, la PAC es una política «de y para los consumidores», ya que son ellos «los que se benefician de la seguridad y calidad alimentaria, del medio ambiente y del territorio rural». Aboga por concienciar a la ciudadanía de la conveniencia de que una parte de sus impuestos se destinen a esta política.
En segundo lugar, el consejero defiende un «nuevo modelo de ayudas directas» para abandonar las referencias históricas y «caminar de manera clara a un modelo de convergencia, con el objetivo último de lograr una misma ayuda por hectárea a nivel de la Unión Europea». En este sentido, considera necesario garantizar una renta mínima a todos los agricultores europeos y avanzar hacia mutualidades o seguros de garantía de renta.
En tercer lugar, entiende que es fundametnal «una nueva visión de las políticas de mercado, profundizando en la definición y funciones de las organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales, ampliándolas a todos los sectores, dándoles mayor capacidad de negociación para vertebrar la cadena agroalimentaria y dotándolas de verdaderos instrumentos para hacer frente a las situaciones críticas en los mercados».
En el artículo que publica en su blog también aborda el modo en el que se ha aplicado la PAC en estos dos últimos años, concluyendo que España se ha distanciado de la mayor parte de los Estados miembros. Entiende que el alto grado de subsidiariedad y la decisión española de no apartarse de los rendimientos históricos «hace que España afronte con mayor dificultad una reforma que, de una vez por todas, debe abandonar la referencia de los rendimientos históricos de los años 90 del siglo pasado para calcular las ayudas».
Sostiene igualmente que los límites a la convergencia han impedido que en esta reforma todos los agricultores europeos cobren la misma ayuda por hectárea, «uno de los objetivos preeliminares de la Comisión Europea».
En términos generales, destaca que «la PAC ha sufrido un recorte respecto al período anterior que se está notando ya todos los años en los pagos directos» y que «la aplicación de la reforma también ha puesto de manifiesto la insuficiencia de los instrumentos de mercado para hacer frente a la crisis».