Castilla‑La Mancha ha sido una de las regiones que más ha reclamado un reparto más justo dentro del nuevo modelo de financiación autonómica presentado recientemente por el Gobierno central. A pesar de que la comunidad verá un aumento importante de recursos, varios análisis muestran que la región castellanomanchega seguirá estando por debajo de la media y aún más infrafinanciada que con el sistema anterior, especialmente si se compara con comunidades como Cataluña.
El nuevo modelo prevé un reparto de casi 21.000 millones de euros adicionales entre todas las comunidades autónomas respecto al sistema actual, tras más de una década con el modelo caducado.
En términos absolutos, Castilla‑La Mancha recibiría alrededor de 1.248 millones de euros más, un aumento significativo frente al sistema anterior pero muy lejos de comunidades como Cataluña, que recibiría más de 4.800 millones de euros adicionales.
Cada habitante de CLM recibiría 301 euros más, frente a 507 euros de Cataluña
Al análisis de la financiación autonómica se ha sumado el centro de estudios Fedea, que ha publicado un informe en el que evalúa con detalle cómo se reparten las mejoras contempladas en el nuevo modelo. El documento, elaborado por Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación, evidencia qué regiones se benefician más del reparto y cuáles siguen quedando rezagadas.
Fedea utiliza para ello un indicador clave: la financiación por habitante ajustado, que calcula en euros la cantidad que recibe cada comunidad para cubrir sus servicios públicos transferidos, considerando no solo la población total, sino también factores demográficos, sociales y las necesidades específicas de cada territorio. Este enfoque permite medir con mayor precisión el dinero real disponible por persona y comparar de manera justa la posición relativa de cada autonomía.
Y según Fedea, no solo en cifras totales hay disparidad: en financiación por habitante ajustado, el contraste es aún más marcado. Con la reforma del nuevo modelo, cada castellanomanchego recibiría 301 euros más, una cifra que queda por debajo de la media nacional de 341 euros y muy lejos de Cataluña, donde cada ciudadano recibiría 507 euros más.
Esto significa que, a pesar de disponer de más recursos totales, Castilla‑La Mancha continúa estando en desventaja frente a regiones más favorecidas por el modelo, reforzando la percepción de que los incrementos financieros no son suficientes para corregir los desequilibrios históricos en la distribución de los fondos autonómicos.
📈 Este cuadro resume algunas de las consecuencias de la reforma de la financiación autonómica propuesta por el Gobierno. En negrita algunas de las cifras más llamativas.
📉 Las 3 primeras columnas muestran los índices de financiación relativa por habitante ajustado en 2023 con… pic.twitter.com/uoFqCJXOIl— Fedea (@socialfedea) January 15, 2026
Duras críticas de Page y del Gobierno de CLM contra el modelo de financiación
A esta realidad técnica se suman las críticas políticas desde Castilla‑La Mancha, que han convertido el debate sobre la financiación autonómica en un asunto de primera línea.
El presidente Emiliano García‑Page ha denunciado de manera insistente que el nuevo modelo es regresivo e injusto, al favorecer de forma clara a algunas comunidades, especialmente Cataluña, en detrimento de regiones como Castilla‑La Mancha.
Según Page, el reparto aprobado por el Gobierno central “rompe con los principios de igualdad entre territorios” y consolida ventajas para ciertos territorios a costa de la mayoría. En sus declaraciones, ha pedido directamente a Pedro Sánchez que revise el acuerdo y dé marcha atrás, calificando el trato a Cataluña como un “privilegio” que no puede mantenerse.
El presidente regional ha alertado además sobre las consecuencias políticas de aceptar este modelo tal cual está planteado. En su opinión, el Gobierno central corre el riesgo de cometer un “suicidio político” al pactar con fuerzas independentistas medidas que, según él, perjudican a la izquierda y a comunidades históricamente infrafinanciadas.
En la misma línea, desde el Ejecutivo autonómico, el consejero de Hacienda ha reforzado esta postura. Según la Junta, los mecanismos introducidos en el nuevo modelo, lejos de corregir los desequilibrios históricos, favorecen a comunidades con mayor capacidad fiscal o influencia política, dejando a Castilla‑La Mancha en una posición estructuralmente desventajosa.
Los responsables regionales critican que el reparto no solo es inequitativo, sino que fue negociado sin la participación suficiente de todas las comunidades autónomas, y que el resultado refleja más un acuerdo político que criterios objetivos de justicia y necesidad.
