Lo ha publicado elmundo.es y hay una derivada de la noticia que es importante para el mundo económico en Castilla-La Mancha. El Consejo de Ministros ha aprobado indultar a Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Banco de Santander, después de que éste lo solicitara en marzo pasado tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo tras presentar una denuncia falsa a sabiendas, hace 16 años, cuando era presidente de Banesto. Fue condenado a pena de prisión y de inhabilitación y recurrió al Constitucional y logró la suspensión de la ejecución de la sentencia, según el periódico digital madrileño.
La parte castellanomanchega de esta historia está en que junto a él fueron condenados otros directivos de Banesto, entre los que se encontraba Miguel Ángel Calama, ex director general de Globalcaja, quien también solicitó el correspondiente indulto.
Según elmundo.es, el relato de los hechos que ocurrieron fue el siguiente:
El delito se remonta a 1994, cuando Banesto era presidido por Sáenz tras su intervención por el Banco de España y presentó una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a los que reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas por las empresas del grupo Harry Walker a las que representaban.
El juez Luis Pascual Estevill dictó prisión preventiva para los denunciados. Esta decisión fue considerada injusta por el Supremo y el juez fue condenado por prevaricación y detención ilegal en 1996.
Una vez archivada la causa, los empresarios y Rafael Pérez Escolar -consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde, ya fallecido- presentaron una querella contra Sáenz y los otros ejecutivos relacionados con Banesto.
Investigado el caso por el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, los demandados lograron que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) diera por archivada la causa al entender que las acusaciones de Jiménez de Parga y Calama habían prescrito y las de Sáenz y otro acusado no eran constitutivas de delito.
Sin embargo, en mayo de 2006 el Supremo anuló esta resolución y ordenó al TSJC que continuara con la tramitación de la causa.
La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Sáenz en diciembre de 2009 a seis meses de prisión por los delitos continuado de acusación y denuncia falsa, pero le absolvió del de intento de estafa procesal.
En marzo de 2011, el Tribunal Supremo rebajó la pena: condenó a Sáenz a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer funciones en banca por el delito de acusación falsa.
Sáenz pidió el indulto, algo que rechazó entonces el Supremo porque «no se aprecia la concurrencia de razones de justicia o equidad para la concesión del indulto, por lo que se informa desfavorablemente». No obstante, tenía el apoyo de la Fiscalía.