UGT Castilla-La Mancha ha pedido que la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, que ha cumplido 30 años, contemple los nuevos mercados y riesgos que han cambiado en estas décadas, como los psicosociales, climáticos o la digitalización, así como endurecer las sanciones a los empresarios incumplidores.
Adaptar la normativa a las nuevas realidades
La secretaria general de UGT en la región, Lola Alcónez, ha destacado este viernes en rueda de prensa que la actualización de la ley debe implicar la implantación de la cultura preventiva incluso desde las etapas escolares, y ha abogado por adaptar la normativa a las nuevas realidades.
Ha incidido en el cambio de las formas de trabajo en la actualidad, con aspectos como la inteligencia artificial o el cambio climático, y ha subrayado que la prevención tiene que ser uno de los pilares en cualquier proyecto empresarial, y no aplicarla después.
Riesgos psicosociales
Por su parte la coordinadora regional de prevención de riesgos laborales en UGT, Irene Ortega, ha puesto el acento sobre los riesgos psicosociales como estrés o ansiedad, que han aumentado a raíz de la aplicación de digitalización, o los grandes incendios derivados del cambio climático, así como los trabajos a altas temperaturas.
Ortega ha argumentado que la nueva ley también debe contemplar un fortalecimiento de la gestión empresarial, un refuerzo de la inspección de trabajo, incorporar la salud mental como un derecho laboral o incluid la perspectiva de género y edad.
Endurecimiento de las sanciones contra los empresarios
El secretario de formación de prevención de riesgos laborales en la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, ha reclamado un endurecimiento de las sanciones contra los empresarios incumplidores, que no se limite a multas económicas, y ha aseverado que «hasta que alguno no acabe en la cárcel, no se lo van a tomar en serio».
Asimismo, ha reclamado una ampliación del catálogo de enfermedades profesionales, y ha apuntado a sectores clave en la región, como la logística, como uno de los más golpeados por la siniestralidad laboral, con «trabajadores de 30 ó 35 años que no pueden volver a trabajar» porque están «destrozados».
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Plan de prevención de riesgos laborales en la Junta
Desde el sector público, la secretaria de salud laboral y de medioambiente de la Federación de Servicios Públicos, Estrella Fernández, ha reclamado un plan de prevención de riesgos laborales en la administración regional, y que permita analizar la eficacia de las medidas que se toman, a la vez que ha reclamado aspectos como el traslado de los trabajadores del laboratorio del Hospital de Toledo o la renovación de la flota de vehículos sanitarios.
Desde UGT han incidido en que la siniestralidad laboral sigue siendo «una emergencia social» en Castilla-La Mancha, con más de 17.600 accidentes entre enero y agosto, 24 de ellos mortales, y que Guadalajara es la «segunda provincia de Europa» en siniestralidad, mientras que Cuenca ha pasado en un año de 2 a 8 fallecidos.