Economía

Consideran un “chantaje” que la Junta quiera suprimir 3.000 laborales o 500 interinos

De las 10.30 a las 14.45 y de las 16.30 a las 18.30 horas estuvieron reunidos el jueves 6 de junio los sindicatos de la función pública con los representantes de la Administración entre los que se encontraba el director general Juan Manuel de la Fuente. Una reunión calificada por los propios sindicatos de «pacífica», que se truncó al final ante una propuesta que consideran un «chantaje».

Era la reunión número 11 del convenio del personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La reunión era «más o menos normal», «pacífica», donde «había acuerdos y también desacuerdos», apuntaba a Encastillalamancha Beatriz Tormo, responsable del sector autonómico de FSP UGT Castilla-La Mancha, quien puntualizaba que, tras esas horas de negociación, llegó el «bombazo».

El director general de la Función Pública de la Junta, Juan Manuel de la Fuente, propuso la declaración «a extinguir» de algunas categorías de los grupos II, IV y todas las categorías a integrar el grupo V. Todas ellas se refieren a personal laboral de la Junta.

Esta propuesta supone, según los sindicatos, que no volverá a haber oferta de empleo para estas categorías, además la movilidad se verá disminuida.

El grupo V está formado por ordenanzas, peones y personal de limpieza y en el grupo II están los oficiales de primera y segunda. En total, se declararían «a extinguir» unas 3.000 plazas, esto es que a medida que las personas que las ocupan en propiedad se vayan jubilando no se convocará una nueva oferta para ser reemplazada.

«El final es la privatización», apuntaba Beatriz, quien matizaba que los sindicatos se opusieron a esta propuesta, pero su sorpresa llegó con la alternativa a la misma.

«O esto o los 500 interinos que hay», propuso de La Fuente, según ha indicado Beatriz, ante lo que se levantaron de la mesa (en teoría la siguiente reunión iba a celebrarse la semana que viene) porque «no podemos aceptar chantajes».

Los sindicatos esperan que «recapaciten» desde la Administración, porque ellos no están dispuestos a firmar este acuerdo.