El Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este martes en Junta de Gobierno local la modificación de la ordenanza municipal de convivencia, una actualización del texto vigente desde 2009 que endurece las sanciones contra conductas vinculadas a la prostitución y, por primera vez, regula con multas el acceso indebido a instalaciones deportivas municipales.
La reforma, impulsada por las áreas de Seguridad Ciudadana, Igualdad y Deportes, sitúa como eje central la lucha contra la explotación sexual. En este sentido, la ordenanza introduce una nueva infracción muy grave, sancionada con entre 1.500 y 3.000 euros, para aquellas conductas que favorezcan o promuevan el consumo de prostitución, incluyendo acciones como aproximar clientes a zonas donde se ejerce o fomentar el mercado sexual.
El concejal de Igualdad, Roberto Narro, ha destacado que la modificación responde a las demandas de la Mesa de la Trata y supone un «cambio de enfoque», al penalizar al cliente y no a las mujeres en situación de prostitución o trata. La normativa incorpora además la prohibición de publicidad que cosifique a las mujeres o promueva el turismo sexual, ya sea en soportes móviles, folletos o espacios públicos.
Asimismo, se refuerza la protección de menores, al alejar estas prácticas de entornos sensibles como centros educativos o parques infantiles, y se establece el deber de colaboración ciudadana para detectar posibles situaciones de explotación. La Policía Local contará, además, con mayores competencias para inspeccionar, investigar y actuar en espacios donde se sospeche la existencia de estas actividades.
Multas por colarse en instalaciones deportivas
En paralelo, la ordenanza incorpora un nuevo epígrafe específico para regular el uso de instalaciones deportivas municipales, atendiendo a las demandas de trabajadores y usuarios ante conductas reiteradas como el acceso ilegal a recintos o el uso sin autorización de campos y piscinas.
El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha explicado que hasta ahora estas situaciones solo podían resolverse con el desalojo de los infractores, sin posibilidad de sanción. Con la modificación, estas conductas podrán ser castigadas con multas que irán desde los 750 euros en los casos leves hasta los 3.000 euros en los más graves, en función de su valoración.
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Chema Antón, ha señalado que la reforma se ajusta a los principios de eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica, tras un proceso de consulta pública desarrollado entre octubre y noviembre de 2025.
La ordenanza mantiene su carácter no confiscatorio, contemplando alternativas a las sanciones económicas como trabajos en beneficio de la comunidad o medidas educativas para menores.
Tras su aprobación en Junta de Gobierno, el texto continuará su tramitación administrativa –con paso por comisión, publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y aprobación definitiva en pleno–, con el objetivo de que entre en vigor previsiblemente en junio.