Las mujeres siguen soportando una carga creciente de la violencia que la sociedad ejerce sobre ellas. Adultas o menores. Como víctimas de la violencia de género o abusadas y/o acosadas sexualmente siendo menores. En este último caso resulta escalofriante conocer que el 90% de los delitos sexuales contra menores de 16 años son niñas y los sufren en su entorno familiar,
Este y otros datos han sido compartidos hoy por el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, que ha comparecido en las Cortes para exponer los datos de la memoria de 2024.
La violencia de género crece una vez más, según se desprende del trabajo de la Fiscalía castellanomanchega durante 2024. «Tenemos elevadas cifras; el 2024 fue un año particularmente malo en cuanto a la existencia de víctimas mortales por violencia de género», se lamentó el fiscal superior. Pero también suben los delitos sexuales contra menores. Y un tercer dato que deja enorme preocupación es que baja la edad a la que se empiezan a comenter los delitos; es decir que cada año encontramos delincuentes más jóvenes.
Disparado el cibercrimen
Igualmente disparado está el cibrecrimen, que «crece sin parar» y da lugar a una gran «cifra negra en los temas tecnológicos». La mayoría son delitos por estafas, pero las que preocupan especialmente a la Fiscalía «son los delitos asociados a los menores con las nuevas tecnología», tales como el acoso, abuso o pornografía infantil, que prolifera a través de los multitudinarios canales de mensajería instantánea en el móvil, tales como WhatsApp, Telegram o Instagram.
Todos estos soportes tecnológicos son cada vez el lugar más utilizado para este tipo de actividad criminal. Sin embargo, no se ha percibido que los fallos en las pulseras antimaltrato que hizo públicos la Fiscalía General del Estado, hayan podido incidir en el crecimiento de los delitos por violencia de género.
Preocupación por la siniestralidad laboral
Otra de las áreas de preocupación, por encontrarse Castilla-La Mancha en por encima de la media nacional, son los datos de siniestralidad laboral. «Nos congratula la creación reciente del Instituto de Seguridad y Salud Laboral para la concurrencia de voluntades de los organismos implicados», ha añadido Emilio Fernández, que ha destacado la voluntad de todas las partes de este nuevo organismo de disminuir el número y la gravedad de los accidentes laborales.
Produce un elevado número de víctimas mortales y no mortales, a la que se une la dilación de los procedimientos y se alarga la pena por incumplimientos de la normativa de seguridad o las indemnizaciones. Hay un delegado de siniestralidad laboral en cada provincia y el regional.
Verificación de las medidas de sujeción física o farmacológica
El fiscal superior ha citado también el trabajo más allá del ámbito penal, tanto en la garantía del cumplimiento de la ley regional que garantiza la tutela efectiva de las personas con discapacidad que se quedan sin familia, como en la supervisión de los protocolos de sujeción física o farmacológica que se aplica a pacientes o residentes en las unidades de salud mental o centros para mayores.
Los fiscales verifican que se cumplen los protocolos y que todas las. medidas de sujeción física (barreras, muñequeras, etc…) y farmacológica, particularmente en las unidades psiquiátricas, se hacen con prescripción médica y se revisan adecuadamente. Por el momento, no se ha detectado que haya ningún comportamiento preocupante en relación a estos centros.
La suspensión de juicios, una grave problema sin resolver
La dilación de los procedimientos, que lleva a celebrar juicios a veces hasta 10 años después de cometidos los delitos, son uno de los graves problemas que sigue acarreando la justicia española y, por lo tanto, el ministerio fiscal. A ello se suma la gran cantidad de juicios que se suspenden una vez señalados, por diversas causas. Es España se suspenden el 40% de los juicios previstos, un dato que en Castilla-La Mancha sube al 42-43% de media, pero que en algunas provincias es prácticamente de la mitad.
En 2024 la situación no mejoró; de hecho, empeoró. La actividad jurisdiccional creció en todos los aspectos, ya que se incoaron más procedimientos, se celebraron más juicios, se hicieron más calificaciones y creció la cifra pendencia, que es el dato neto de lo que queda pendiente para el año que viene.
«La dilación de los procedimientos es un problema de todo el Estado y nos preocupa mucho, sobre todo en el orden jurisdiccional penal», porque es donde se concentran las víctimas, ha explicado esta mañana el fiscal, que ha vuelto a poner el acento en la escasez de medios con la que trabajan pese a la ingente carga de intervenciones que han de realizar.
Pese a ello, ha destacado que la Fiscalía de la comunidad no acumula retrasos en ninguna de las funciones que tienen encomendadas y cumplen plazos.
El papel insustituible de la Fiscalía en la justicia
Finalmente, el responsable de la Fiscalía autonómica, ha compartido con los periodistas su reflexión sobre el relevante e insustituible papel del ministerio fiscal. «Son tiempos convulsos para la Fiscalía española, que es una institución muy fuerte y esencial para el Estado de Derecho. Los enemigos del sistema, los delincuentes, las redes mafiosas y las personas que se dedican a hacer el mal ganan si la Fiscalía es débil», ha afirmado.
En este sentido se ha sumado a la petición de la Fiscalía General del Estado y de las asociaciones profesionales, que abogan por «el cambio de modelo procesal a otro que atribuya la investigación judicial a los fiscales. En todos los países europeos de nuestro entorno la investigación la realizada el Ministerio Fiscal, sujeta a los controles judiciales pertinentes». En 2024, los fiscales de la región realizaron unas 150 visitas a centros de estas características.
Sobre este asunto, Fernández ha recordado que ha realizado personalmente una labor de concienciación con personal de la Consejería de Bienestar Social, así como trabajadores de centros psiquiátricos y de residencias de mayores para aplicar los protocolos teniendo en cuenta que son medidas y situaciones que «afectan directamente a la dignidad de las personas» y, además, a quienes están en situaciones más vulnerables.
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