J.P.G., el acusado de abusar sexualmente de su expareja y madre de su hija, maltratarla, coaccionarla, amenazarla y vejarla en Miguelturra entre los meses de enero de 2022 y abril del mismo año ha reconocido los mensajes vejatorios y amenazantes, pero ha negado los abusos sexuales, asegurando que todas las relaciones fueron consentidas «en todo momento».
Lo ha dicho durante la vista judicial celebrada este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, en la que el acusado ha indicado que los mensajes de WhatsApp vejatorios y amenazantes hacia la víctima los envió bajo la influencia de la cocaína y el alcohol.
El acusado, que durante la vista ha sido preguntado por la supuesta agresión sexual cometida en el interior de su vehículo en un camino rural entre las localidades de Bolaños y Almagro, donde obligó a su entonces pareja a mantener relaciones sexuales mientras la amenazaba con un hacha, ha negado la agresión, incluso el supuesto viaje que se hizo desde Bolaños, donde la denunciante estaba realizando un curso, hasta su domicilio.
Lo mismo ha hecho con la supuesta segunda agresión sexual, la cual, según la Fiscalía, se produjo en el domicilio en el que ambos convivían en la localidad de Miguelturra cuando él ya había dejado la relación. El acusado ha negado que entrara en la vivienda y se metiera al baño a violarla.
«Nunca le he hecho daño y nunca le he puesto una mano encima», ha indicado el acusado durante la celebración del juicio, en la que sí ha reconocido los mensajes de WhatsApp vejatorios, amenazantes e intimidatorios que escribió a la víctima después de enterarse que su expareja estaba en una relación con otra persona.
Mensajes como «pedazo de puta», «puta de mierda», «te tengo que reventar», «te voy a romper la boca», «no vales nada, solo para que te follen» o «estás muerta puta», además de otra serie de mensajes de corte racista debido a la nacionalidad ecuatoriana de ella.
Unos mensajes que, tal y como ha reconocido el propio acusado, lo hizo bajo la influencia del alcohol y la cocaína, ya que al enterarse de que su expareja tenía otra relación, fue a «pillar cocaína» y comenzó a consumirla hasta que se le «cruzó el cable», momento en el que le profirió esos mensajes, además de llegar a llamarla hasta en 71 ocasiones.
También ha reconocido que, en ese momento en el que el acusado «no se encontraba en sus cabales», difundió fotos íntimas y de contenido sexual de su expareja a través de diferentes redes sociales, siendo enviadas también a familiares de ella.
La obligó a practicar sexo mientras la amenazaba con un machete
Por su parte, la víctima ha señalado que el acusado la recogió en la localidad de Bolaños de Calatrava sorpresivamente tras acabar un curso formativo que ella estaba realizando. Durante el trayecto de Bolaños a Miguelturra, donde ambos residían, el acusado detuvo el vehículo en un camino rural y la obligó a mantener relaciones sexuales mientras la amenazaba con un machete.
Asimismo, la víctima también ha narrado que, una vez finalizada la relación sentimental que existía entre ambos, el acusado se dirigió hacia el domicilio en el que ambos vivieron para recoger sus enseres, entrando su expareja al baño y obligándola, nuevamente, a mantener sexo mientras la golpeaba.
La mujer ha contado que en el momento de los hechos no fue a denunciar debido a que la hija que compartía con el acusado tenía graves problemas de salud y que, en ese momento, estaba más «preocupada de la niña» que de lo que a ella le ocurrió.
También ha contado que, tras difundir fotos de contenido sexual de ella en redes sociales, el acusado se hizo pasar por ella, facilitando su número de teléfono y su dirección a través de diferentes canales de difusión ofreciendo sus servicios como prostituta.
La Fiscalía pide 29 años y diez meses de prisión
La Fiscalía pide para el acusado una pena de 29 años y diez meses de prisión por dos delitos de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal, anal y bucal; un delito de maltrato habitual; un delito de coacciones leves; un delito de amenazas leves; un delito de odio; un delito de descubrimiento y revelación de secretos, y, por último, un delito de vejaciones injustas.
Sin embargo, desde la defensa, el abogado del acusado ha pedido rebajar la pena para su cliente, ya que las dos agresiones sexuales no se han podido demostrar al no existir pruebas de ello salvo el testimonio de la mujer.