El Gobierno central creará 21 plazas judiciales en Castilla-La Mancha en 2026, con el objetivo de reforzar los tribunales de instancia y otros órganos, como las audiencias provinciales.
500 plazas en todo el país
En un comunicado de prensa, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha indicado que en total, el Ejecutivo creará 500 plazas en todo el país y ha añadido que es un «récord que es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia», que introduce «un nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente», ya que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.
20 para tribunales de instancia y una para la Audiencia Provincial de Toledo
De las 21 nuevas plazas que se crearán en Castilla-La Mancha, 20 serán para tribunales de instancia (TI) y una para la Audiencia Provincial de Toledo.
Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados en Castilla-La Mancha están los de Guadalajara, Toledo, Albacete, Ocaña, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Cuenca, Puertollano e Illescas.
Distribución de las 55 plazas
Del total de 500 nuevas plazas para todo el país, 363 serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) y el Supremo (3).
Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales.
En total, el Ministerio ha indicado que la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año.
La distribución de las nuevas plazas se ha realizado, según el Ejecutivo central, atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia.