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martes, 28 de mayo de 2024
Manifestación en Toledo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. Foto: Rebeca Arango.
Manifestación en Toledo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. Foto: Rebeca Arango.
Manifestación en Toledo - 07 mayo 2024 - Toledo

Unos 200 agentes medioambientales de Castilla-La Mancha se han manifestado este martes en Toledo declarándose «en lucha» por sus derechos y reclamando al Gobierno regional que establezca un calendario de negociaciones para mejorar aspectos como la falta de agentes, la seguridad laboral o el paso a segunda actividad de los trabajadores más veteranos.

Con cánticos como ‘Page, escucha, estamos en la lucha’, ‘El monte no se vende, el monte se defiende’ o ‘sin agentes, adiós al medio ambiente’, los manifestantes, convocados por CCOO, CSIF, UGT y STAS se han desplazado hasta la sede de la Consejería de Administraciones Públicas para dejar claras sus reivindicaciones.


 

En declaraciones a los medios, el coordinador de Agentes Medioambientales de CCOO en Castilla-La Mancha, Diego Beltrán, ha incidido en que los derechos de negociación de este cuerpo «se vienen incumpliendo», así como los compromisos adquiridos por parte del Ejecutivo autonómico.

«Tenemos un reglamento del año 2000 y una orden de horarios del año 2008, que no asumen ni reconocen los derechos de conciliación. Tenemos promesas desde el año 2022, promesas incumplidas, y tenemos una deficiencia en la seguridad de los agentes medioambientales que nos hace peligrosa nuestra labor en el medio natural», ha abundado.

Beltrán ha avisado que «el responsable de todo esto y el que tiene todo bloqueado» es el director general de Función Pública, José Narváez, que según él «se niega a convocar las mesas a las que está obligado con la parte social», apuntando que «simplemente» pretenden «hablar» y que el Gobierno se siente con ellos para ver «hasta dónde puede llegar» para satisfacer las reivindicaciones.

Fotos | Más de 200 agentes medioambientales se manifiestan en Toledo

 

Por su parte, Daniel Cánovas, delegado del sindicato CSIF, ha recordado que Castilla-La Mancha tiene «un patrimonio natural exquisito que merece la pena ser conservado», pese a lo que los agentes ambientales «muchas veces» no cumplen «ni los servicios mínimos» con el personal del que disponen.

Del mismo modo, ha puesto el foco en la «escasez de medios materiales, no solo humanos», con una renovación pendiente de la flota de vehículos y del material que precisan para su trabajo habitual, con el que tampoco llegan a «los mínimos».

Cánovas ha explicado que hay «cerca de 500» agentes ambientales en toda la región en estos momentos, mientras que tendrían que ser «al menos 700», por lo que no llegan a cubrir las necesidades «tanto en territorio como en todas las funciones de vigilancia». «Muchas veces nos quedamos en cuadro para cubrir esas necesidades por falta de personal», ha lamentado.

De su lado, Silvia Fernández, por parte de STAS, ha urgido a la Junta a atender sus demandas en un plazo «inmediato», porque «tenemos ya nueve años de plazo» desde que el actual Gobierno regional presidido por Emiliano García-Page comenzó a funcionar.

«Había ciertos pactos, ciertos compromisos que, a día de hoy, tanto Hacienda como Función Pública siguen sin cumplir», ha aseverado, por lo que ha insistido en reunirse «con inmediatez» para negociar las condiciones de los agentes medioambientales.

Finalmente, del lado de UGT, José Azcoitia ha declarado que los agentes han acudido a reivindicar lo mismo que llevan pidiendo «desde hace más de 12 años», como es «la falta de agentes medioambientales en el medio natural».

«Estamos por debajo de un tercio de aquellos agentes medioambientales que nos hacen falta para conservar el patrimonio que entendemos que es el más importante que tiene Castilla-La Mancha, que es el patrimonio medioambiental», ha reclamado.

Además, Azcoitia ha recordado también la orden de prevención y extinción de incendios forestales, que «se aprobó con el Gobierno de Cospedal» pero que, sin embargo, no se ha modificado tras «nueve años de gobiernos progresistas», exigiendo que «todo aquello que protegemos mediante normativa también lo podamos proteger de una manera real con el día a día de los agentes medioambientales»

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