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viernes, 20 de mayo de 2022
Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura.
Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura.
Comparecencia de Martínez Arroyo 01/03/2017junio 6th, 2017

La Junta de Comunidades ha consignado en el proyecto de presupuestos de 2017 un total de 3 millones de euros para hacer frente a las recuperaciones medioambientales que se realizaron en las parcelas de Seseña y Chiloeches que ardieron en 2016, si bien los trabajos en su conjunto costaron 12,5 millones.

Este dato lo ha aportado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, durante su comparecencia en las Cortes para dar cuenta del presupuesto de su departamento para 2017 e informar sobre la ejecución presupuestaria hasta el tercer trimestre del año pasado.


Martínez Arroyo ha recalcado que la parcela de Seseña (Toledo) en la que se almacenaba el mayor cementerio ilegal de ruedas de Europa y que ardió en mayo de 2016 y la parcela de Chiloeches (Guadalajara) que se vio afectada por el incendio de una planta de reciclaje que tuvo lugar en agosto «se han limpiado íntegramente».

Martínez Arroyo ha especificado que en la limpieza de la parcela de Seseña, de donde ya se han retirado totalmente las cenizas, se invirtieron 6 millones y en la de Chiloeches, 6,5 millones.

Así, ha explicado que este año se han consignado 3 millones en el presupuesto, con el objetivo de que los 12,5 millones de euros estén totalmente pagados en tres o cuatro años, si bien ha recalcado que este pago en varias anualidades no afectará a las empresas públicas que se han encargado de limpiar estas dos parcelas, sino que están acostumbradas al pago en varias anualidades en las encomiendas públicas.

Martínez Arroyo ha definido el incendio de ruedas de Seseña como «el mayor reto ambiental que ha tenido ningún gobierno en España ni en Europa», mientras que sobre el incendio de Chiloeches ha lamentado que el Gobierno regional no encontró la «colaboración del Estado» que deseó, ya que ha considerado que la Confederación Hidrográfica del Tajo se tenía que haber implicado «mucho más».

En cualquier caso, ha recalcado que situaciones como éstas ya no serán posibles en el futuro, pues ha resaltado que con la aprobación del Plan de Gestión de Residuos, las empresas que se instalen en Castilla-La Mancha deberán abonar una fianza para hacer frente a posibles daños medioambientales que puedan causar.

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