Csif ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Sostenible que mantenga todos los recursos disponibles en la campaña de extinción de incendios tras un fin de semana muy complicado y ante el incremento de las temperaturas en las próximas jornadas.
Este fin de semana se han producido incendios en Alhambra y Solana del Pino (Ciudad Real); Villares del Saz (Cuenca); Cabanillas del Campo, Torremocha del Campo y El Casar -este último no contabilizado- (Guadalajara); Polán y Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo), además de otro que se está produciendo esta mañana en Puertollano (Ciudad Real).
Según ha informado el sindicato, el día 12 se desactivó el 21% del dispositivo (23 medios: 16 de extinción y 7 de vigilancia) y el próximo 19 de septiembre el operativo se reducirá hasta quedar activo solo el 50% de los medios, a pesar de que continuará el periodo de riesgo alto.
Para el incendio Polán, que ha quemado aproximadamente 337 hectáreas afectadas, Csif ha explicado que debido a la magnitud del fuego y la falta de recursos en la provincia obligaron a movilizar un convoy de medios desde la provincia de Ciudad Real, lo que ha confirmado la denuncia realizada por Csif el pasado viernes, que advertía que la Junta está desactivando medios de extinción en plena época de riesgo alto, una decisión que pone en peligro la seguridad de la población, el medio natural y a los propios bomberos.
«Consecuencias reales y graves»
Csif ha explicado que la Junta sí mantiene las brigadas helitransportadas en Villares del Saz (Cuenca), Corduente, Peralveche y El Serranillo (Guadalajara), pero lo hace sin personal, lo que han considerado que es contraproducente.
«La Junta mantiene el contrato de los helicópteros simplemente por imagen, pero no conserva a los bomberos forestales, que son los que realizan el trabajo efectivo de extinción, lo que es una negligencia en caso de producirse un incendio forestal».
En este sentido, han denunciado que estos hechos tiene «consecuencias reales y graves», porque según han explicado al reducirse medios en una provincia se generan «huecos» que deben cubrirse con recursos desplazados desde otras provincias, lo que provoca que «aumenten los tiempos de respuesta y poniendo en riesgo tanto a los ciudadanos como a los profesionales», han denunciado.
