lunes, 1 de marzo de 2021
El diputado de Podemos David Llorente, junto a miembros de la Plataforma Sí a la Tierra Viva, en las Cortes de Castilla-La Mancha. tierras raras
Imagen de archivo del diputado de Podemos David Llorente, junto a miembros de la Plataforma Sí a la Tierra Viva.
Llorente confía en que sea apoyada por unanimidad - 12 diciembre 2018

Una proposición de ley que pretende establecer el marco legislativo para futuros proyectos de minería de tierras raras en Castilla-La Mancha. Eso es lo que ha presentado en las Cortes de Castilla-La Mancha el diputado de Podemos, David Llorente, junto con la Plataforma Sí a la Tierra Viva, cuyo equipo jurídico encabezado por María del Carmen Morallón se ha encargado de redactar el texto de esta posible ley hoy que inicia su tramitación parlamentaria.

Se trata de una legislación novedosa, puesto que establecería el marco para la extracción de estos minerales raros y escasos, que hasta ahora se rigen por una ley anterior a la Constitución Española, la Ley 22/1973 de Minas. La principal novedad se centra en que la región deberá elaborar un plan estratégico sectorial con medidas para la protección de la salud pública y el medio ambiente antes de que se pueda llevar a cabo cualquier proyecto relacionado con esta materia, una cuestión similar a la que ya se ha aprobado en Castilla-La Mancha con la Ley “Antifracking”.

El plazo máximo de realización de dicho plan estratégico serían 18 meses, una vez que las Cortes de Castilla-La Mancha le diesen su visto bueno. La Plataforma Sí a la Tierra Viva ha mantenido reuniones con los tres grupos parlamentarios de las Cortes (PP, PSOE y Podemos) durante los últimos meses para la elaboración de esta proposición.

El objeto de la ley es “establecer las medidas complementaria en el régimen jurídico de la actividad minera aplicándola a las especificaciones de la minería de tierras raras”, detalla en un comunicado de prensa la plataforma, puesto que las tierras raras (ver despiece) son catalogados como minerales metálicos al carecer de calificación propia, pero su extracción tiene unas peculiaridades y un impacto medio ambiental distinto al que puede tener otra minería a cielo abierto.

El texto legislativo pretende poner en coherencia las resoluciones sacadas adelante en las Cortes contra la minería de tierras raras, con el apoyo en distintas ocasiones de los tres partidos representados en el parlamento autonómico.

El diputado Llorente ha mostrado su confianza en que la propuesta sea bien recibida por todos los partidos y, por tanto, aprobada por unanimidad. Asimismo, espera que pueda ser aprobada antes de que acabe la legislatura dado que para hacerlo solo hace falta “voluntad política”, ha indicado.

Además, ha destacado que la proposición tiene como objetivo “salvaguardar la salud pública, el abastecimiento y la calidad de agua, el medio ambiente y la defensa de un modelo de desarrollo sostenible basado en las actividades productivas en la zona y de un mundo rural vivo”.

Una minería necesaria, pero no a cualquier precio

La proposición de ley recoge que la minería de tierras raras es necesaria para la tecnología actual. Son usados construir baterías y otros dispositivos electrónicos, pero podrían cobrar una importancia todavía mayor puesto que también se utilizan para elaborar algunas piezas de los coches eléctricos, lo que podría hacer que se dispare su demanda en los próximos años.

La ley pretende adaptar la normativa encuadrándola en el “desarrollo sostenible con la aplicación de criterios de rigurosidad y fiabilidad acordes y en equilibrio con la implantación de principio de inserción medioambiental”, tal y como recoge el texto. Otra de las cuestiones que tendrá en cuenta la ley es que los proyectos cuenten con una viabilidad empresarial, con solvencia técnica, financiera y económica, que sirva como garantía para evitar posibles daños medioambientales.

Sí a la Tierra Viva, la plataforma que evitó un macroproyecto de tierras raras

Aunque la batalla jurídica todavía no ha terminado, la lucha que inició la Sí a la Tierra Viva para evitar un macroproyecto de minería de tierras raras en el Campo de Montiel llegó a buen puerto después de la denegación de la declaración de impacto ambiental por parte de la Junta. Hasta ese momento lograron canalizar el descontento de la población y más de 140 entidades presentaron junto a ellos 25.000 alegaciones.

Sus acciones en la provincia de Ciudad Real lograron el apoyo de gran parte de la población, llegando a congregar hasta a 600 o 700 personas en las distintas charlas que llevaban a cabo por la provincia.