Los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, convocados por los sindicatos CCOO, CSIF y STAS, se han concentrado este martes a las puertas de la Dirección General de Función Pública en Toledo para reclamar el fin de la precariedad laboral y el cumplimiento de los compromisos pendientes desde hace ocho años.
Concentración de unos 100 agentes
Según han informado las tres organizaciones sindicales en una nota de prensa conjunta, más de 100 agentes procedentes de las cinco provincias se han sumado a la movilización para mostrar su «hartazgo» por el «olvido» que padecen por parte de la Administración.
Los agentes han señalado que se sienten «maltratados» por la Junta de Comunidades, que no les escucha ni negocia y que, de hecho, tienen órdenes «a medio negociar» con el compromiso de que saldrían adelante en esta legislatura.
Por ello, han definido su situación como «el día de la marmota», ya que reclaman lo mismo que hace ocho años, al tiempo que han indicado que los sindicatos convocantes registraron un escrito para solicitar una reunión con el director general de Función Pública, José Narváez, con el objetivo de abordar todos los asuntos pendientes.
Evitar jornadas de hasta 22 horas
Entre estas cuestiones pendientes, han señalado la orden de horarios y la conciliación de la vida laboral y familiar, para evitar jornadas de hasta 22 horas tras las que se registran accidentes ‘in itinere’.
En este sentido, han explicado que en esta legislatura se han efectuado hasta 21 borradores para emitir una nueva orden de horarios, pero la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha dado marcha atrás a una norma a la que la Consejería de Desarrollo Sostenible sí había dado luz verde.
También han pedido una ley y un reglamento que incluya funciones como las desarrolladas por los Agentes Medioambientales en pandemia, inundaciones o nevadas; una revisión de los salarios, la inclusión de estos agentes en el grupo B, y un aumento del 30 % de la plantilla.
«No somos un pañuelo de papel de usar y tirar»
Según los sindicatos, con un millón de euros al año, el Gobierno regional tendría solucionado el conflicto y supondría entre 150 y 180 euros al mes para cada agente.
«La Administración nos trata en las campañas de incendios como si fuéramos un pañuelo de papel de usar y tirar», han lamentado, y cuando sufren una enfermedad o accidente laboral, les retira de la campaña y dejan de percibir un 20 % de las retribuciones anuales.