Los sindicatos USO, CSIF y STAS ha reclamado este jueves que el dispositivo de extinción de incendios de Castilla-La Mancha este operativo entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, como mínimo, así como que se replantee la forma de financiación de la empresa pública Geacam.
Representantes de estos tres sindicatos (y también de Solidaridad Obrera y CNT) en Geacam han reclamado que el periodo de riesgo alto y riesgo extremo se mantenga al menos hasta el 30 de septiembre y no se haga como este año, en el que a primeros de septiembre se han empezado con la desincorporación escalonada de medios, en una concentración que se ha desarrollado en la plaza de Zocodover, de Toledo.
Piden la dimisión de la consejera
Los concentrados han pedido la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, por la que han calificado como «nefasta gestión», sobre todo del incendio del Pico del Lobo, en la Sierra Norte de Guadalajara, en el que han ardido 3.000 hectáreas en un paraje natural de alto valor ecológico.
Según los sindicalistas, la extinción de este incendio ha sido propiciada por el «fracaso» que ha supuesto la desincorporación escalonada de medios de extinción, al igual que ha ocurrido con el incendio de Almorox (Toledo) de la pasada semana, que afectó a otras 500 hectáreas de terreno forestal.
Han criticado que se están retirando medios de extinción para ponerlos a trabajar en prevención
En este sentido, han criticado que se están retirando medios de extinción para ponerlos a trabajar en labores de prevención «para facturar hectáreas y cobrar subvenciones de Europa».
Se está destinando personal que se dedica a dar un servicio de emergencias «a cobrar subvenciones» y por lo tanto no se está estamos dando «ese servicio tan, esencial», como ya se puso de manifiesto en un incendio que en Almoguera (Guadalajara), antes de los del Pico del Lobo y de Amorox, en el que el 50 por ciento de los medios que intervinieron eran de la Comunidad de Madrid.
En este sentido, han demandado que se replantee el modo el método de financiación de la empresa pública de gestión ambiental y que se financie con medios propios, para lo que entienden que sólo hay una fórmula, que pasa porque Geacam se convirtiera en una agencia pública.