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lunes, 30 de enero de 2023
Águila imperial muerta por electrocución. Foto de archivo
Águila imperial muerta por electrocución. Foto de archivo.
En Ossa de Montiel (Albacete) - 18 julio 2017 - Albacete

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Albacete ha desestimado el recurso que Iberdrola interpuso contra la resolución que dictó en octubre de 2016 el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien sancionó a la empresa al pago de 25.920 euros como indemnizaciones por la muerte por electrocución de cuatro buitres leonados, según la sentencia a la que ha tenido acceso encastillalamancha.es.

La línea donde murieron los buitres leonados «carecía de mecanismo de antielectrocución»

Tal y como quedó acreditado por la denuncia que se realizó y por los resultados de las autopsias, los cuatro buitres fallecieron por electrocución en un apoyo eléctrico ubicado en el paraje «Cabezo de San Pedro», en Ossa de Montiel (Albacete), línea eléctrica propiedad de Iberdrola «y que carecía de mecanismo alguno de antielectrocución de las aves y que, de haberlos tenido, hubiese evitado el fallecimiento de estas, siendo por tales hechos por los que debe responder la mercantil abonando la indemnización fijada».


Iberdrola recurrió, entre otros motivos, porque consideraba que el expediente había caducado al haber transcurrido seis meses desde la fecha de denuncia hasta que se notificó la resolución; y que si no había responsabilidad administrativa no cabía por lo tanto, una indemnización.

Pero el juez señala que no había transcurrido un año desde la fecha de denuncia hasta que se sancionó, por lo que no había caducidad del expediente. Así como que es el infractor, en este caso Iberdrola, quien deberá reparar el daño o las alteraciones causadas sobre la realidad física y biológica en la forma que le indique la Consejería.

En la sentencia se recalca que «con independencia de que las infracciones por las que se acordó iniciar el expediente sancionador contra Iberdrola fuesen declaradas prescritas, no impide poder exigir responsabilidades civiles derivadas de esos mismos hechos, tal y como venía recogidos por loa Agentes Medioambientales en su denuncia, pues la necesidad de conservar la naturaleza implica que estarán obligados a reparar el daño causado los que llevasen actuaciones contrarias a la misma con independencia de las sanciones administrativas o penales que también pudiesen corresponder por esos mismos hechos».

La zona donde sucedieron los hechos está incluida dentro de la Zona de Protección de la Avifauna.

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