La Plataforma regional STOP Biometano CLM ha trasladado las más de 5.400 alegaciones que han presentado al decreto del Gobierno regional que recoge las condiciones para transformar los residuos orgánicos para su transformación en biometano y ha pedido su nulidad, pues a su juicio, responde a un «modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo».
En rueda de prensa, responsables de esta plataforma y del Partido Verde Verdes-Equo CLM, han precisado que hay unas cien plantas de biometano que están en proceso de instalación y están activas tres en Balsa de Ves en Albacete, en Noez-Casas Buenas en Toledo y en Belinchón en Cuenca.
Estos colectivos avisan de que la oposición a estas plantas puede llevarse a los tribunales si el Gobierno regional no cambia su opinión, y han solicitado una reunión con el presidente autonómico, Emiliano García-Page, para trasladarle esta postura.
A la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, le han manifestado que se reúna con más frecuencia con estos colectivos, ya que está manteniendo más encuentros con empresas gasísticas y constructoras.
Además, los representantes de esta plataforma alertan de que este decreto dice que los ayuntamientos tendrán la última voz para permitir o no que haya una planta de biometano, pero al mismo tiempo desde el Gobierno regional se está tramitando la ley de proyectos empresariales estratégicos que «se pone por encima de estos informes que hacen los ayuntamientos».
«Inseguridad jurídica»
Estas plantas «suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra. No la queremos, ni siquiera queremos el decreto tal como ha sido planteado», ha manifestado Rafael Ruiz, representante de la Plataforma Ciudadana Stop Biometano de Torralba de Calatrava, que añade que «el decreto tiene muchísimos elementos que generan inseguridad jurídica y por tanto podrían ser motivo de nulidad», por lo que debería ser revisado y anulado.
Las plantas responden a una «política antisocial, antipopular y antidemocrática», ya que «se quieren implantar en contra de la voluntad de los pueblos». Son «contaminantes, malolientes y nocivas» y pueden generar posibles impactos «a la flora, la fauna y el paisaje», señalan estos colectivos en algunas de sus alegaciones.
Esta plataforma regional, que hasta le fecha engloba a 46 colectivos pero que aspira a llegar al centar, plantea que hay doce métodos alternativos a la eliminación de residuos, propuestas en las que están trabajando con una argumentación técnica.
Más de 20.000 alegaciones
Ruiz ha demandado «comunicación oficial» de la Junta sobre la prescripción del Plan de Biometano, de su evaluación ambiental estratégica y su declaración ambiental estratégica, al que estas plataformas presentaron 15.071 alegaciones.
Sumadas a las más de 5.400 alegaciones al decreto, desde estas plataformas se contabilizan más de 20.000 alegaciones que han salido de Castilla-La Mancha y de algunas zonas de fuera.
«La oposición a las plantas de biometano en nuestra región es creciente. Cada vez hay más oposición porque estas alegaciones vienen fundamentalmente de ciudadanos particulares, aunque también vienen de ayuntamientos, de asociaciones, de plataformas ciudadanas y de otras entidades y empresas», ha afirmado.
Elisa Díaz, desde Verdes Equo, ha señalado que no están en contra de que se gestionen los residuos pero no consideran que este territorio sea el «que tenga que limpiar los residuos de toda España, los residuos de Madrid o los residuos de otras comunidades». «No nos parece de recibo hacer aquí la gran megaindustria de reciclaje del territorio».
Díaz ha añadido que «a muchos de los municipios en los que quieren instalar estas macroplantas les faltan los técnicos competentes», técnicos a los que el decreto les atribuye la elaboración de informes «para desecharlas».
Por su lado, Carmelo Donoso, de la plataforma Stop Biometano de Carrión de Calatrava, ha remarcado que el Gobierno regional tiene actualmente 71 proyectos de grandes plantas de biometano en curso, y ha indicado que «ningún municipio de Castilla-La Mancha tiene, ni por asomo, los residuos suficientes para el enorme tamaño de procesamiento que pretenden ser tratados en las macroplantas proyectadas».
El hecho de «poner las plantas a dos kilómetros de donde vive la gente no solamente es irracional, sino que es insensible, es antipopular, antisocial y antidemocrático», ha afirmado Donoso, que ha añadido que «daría pie a ser denunciado ante los tribunales».
Cerca de Las Tablas de Daimiel
Alberto Celis, en representación de la misma plataforma desde el municipio de Daimiel, ha alertado del peligro que este decreto tiene para el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, pues no incluye un artículo «en el que imposibilite que haya una instalación de una planta de biometano donde haya un espacio natural protegido».
Es por ello, que se va a promover una campaña nacional y regional con el lema ‘Salvemos Las Tablas de Daimiel’ para intentar evitar que estas instalaciones afecten a este espacio protegido.