Agustín Yanel
Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, otros dirigentes del PP y Vox, y también muchos ciudadanos por las redes sociales, dicen que el Gobierno va a regularizar a 500.000 personas extranjeras para engordar el censo electoral y conseguir que, en agradecimiento, voten al PSOE en las próximas elecciones generales. Eso es falso. Que quede bien claro: esa personas, que residen y trabajan en España sin permiso, no podrán votar en esas elecciones. Tampoco en las siguientes municipales o autonómicas. Obtendrán autorización para vivir y trabajar aquí, pero no tendrán la nacionalidad española, un requisito imprescindible para que puedan votar.
El PP, en su carrera por endurecer su discurso sobre la inmigración para intentar frenar el trasvase de votos a Vox, se lanzó desde el primer momento a acusar al Gobierno de preparar esta regularización para conseguir más votos. Núñez Feijóo, en una muestra más de precipitación, dijo que Pedro Sánchez «no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas».
Alberto Núñez Feijóo mezcla churras con merinas
Con esas palabras, el líder del PP y aspirante a presidir el Gobierno de España mezcló churras con merinas, porque la conocida como Ley de Nietos es distinta a la regularización extraordinaria que va a aprobar el Gobierno. Además, serán unas 500.000 las personas extranjeras que podrán acogerse a esta medida, no 800.000 como dice Feijóo sin explicar de dónde saca esa cifra.
Ese medio millón de personas recibirán un permiso para residir y trabajar legalmente, pero no obtendrán la nacionalidad española que necesitan para poder votar en unas elecciones generales. En el PP lo han tenido que reconocer así, dos días después de las palabras de Feijóo, aunque retorciendo un poco los argumentos para no decir expresamente que su presidente se equivocó. Pero, aun sabiendo que no podrán votar, él ha seguido repitiéndolo en actos de la campaña por las elecciones autonómicas de Aragón.
Podrán solicitar su regularización quienes acrediten que se encontraban en España, de manera continuada, al menos desde cinco meses antes al 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales ni supongan una amenaza para el orden público. Así obtendrán autorización para residir durante un año; después tendrán que cumplir los plazos que establece el Reglamento de Extranjería para alcanzar una integración plena.
No podrán votar en las próximas elecciones municipales
Conviene aclarar que esas 500.000 personas, en el caso de que todas soliciten su regulación y reúnan los requisitos exigidos, tampoco podrán votar en las próximas elecciones municipales. Para votar en esos comicios deben haber residido en España de manera legal y continuada durante los cinco años anteriores -en el caso de Noruega y Reino Unido, tres años-. Y solo tienen ese derecho los ciudadanos de países de la Unión Europea y los de otros que hayan firmado un acuerdo de reciprocidad para que los españoles que vivan en ellos también puedan votar en sus elecciones locales. En las municipales de 2023 pudieron votar, además de los procedentes de la UE, los de otros 13 países.
Tanto los gobiernos del PSOE como los del PP han llevado a cabo regularizaciones extraordinarias de personas extranjeras. Con Felipe González fueron 38.294 en 1986 y otras 114.423 en 1991 (con el apoyo de PSOE, PP CiU, CDS y PNV); con José María Aznar, un total de 524.621 inmigrantes de países fuera de la UE en tres procesos durante sus dos Gobiernos, y con José Luis Rodríguez Zapatero otras 576.506 en el año 2005.
Ni ‘efecto llamada’ ni aumento de la delincuencia
En ninguno de esos procesos hubo llegada masiva de inmigrantes ni aumentó la delincuencia ni quitaron el trabajo a los españoles, como dicen desde la derecha y la ultraderecha. Los expertos afirman que nada de eso sucederá con esta nueva regularización, y que tampoco se colapsarán los servicios sociales, como dicen en el PP, porque esas personas ya viven en España y utilizan los servicios sanitarios y otros. Ni en las anteriores ocasiones hubo un efecto llamada que incrementara de forma masiva la llegada de inmigrantes ni lo habrá ahora, porque quienes lleguen saben que tendrán que esperar al menos cinco años para residir aquí legalmente.
En noviembre del pasado año, en una sesión del pleno de la Asamblea de Madrid, Vox acusó a Isabel Díaz Ayuso de fomentar la inmigración, y la presidenta de la comunidad autónoma respondió: «Lo malo sería tener un efecto expulsión, porque digo yo que alguien tendrá que limpiar sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás».
Queda claro el concepto que tienen en el PP de las personas que vienen a España en busca de una vida mejor que la que tienen en su país. Es muy lamentable que, en un país de emigrantes y de acogida como es España, el PP y Vox utilicen a las personas migrantes para montar bronca política con bulos y datos falsos.