El PSOE no levanta cabeza. Sus últimos errores -sirvan, como ejemplos más recientes, su bronca con los socialistas catalanes del PSC o el lamentable pacto que han alcanzado con un acosador sexual en el llamado “caso Nevenka” para arrebatar al PP la Alcaldía de Ponferrada (León)- han demostrado que el partido que pretende volver a gobernar España camina desde hace algún tiempo como pollo sin cabeza.
La última sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el 13 de marzo, ha sido otra prueba más de que los socialistas necesitan con urgencia revisar a fondo su situación actual y su rumbo si aspiran a recuperar la confianza de los electores y, en definitiva, a volver a gobernar.
LOS MALOS DATOS DEL PARO
En esa sesión, Alfredo Pérez Rubalcaba denunció los malos datos del paro registrados en febrero -aumentó en 59.444 personas- y los efectos negativos de la reforma laboral al abaratar el despido; Mariano Rajoy lo reconoció, porque son cifras oficiales, pero también explicó que son los datos “menos malos” de los últimos cinco años, en los que la media de incremento del desempleo en ese mismo mes superó las 104.000 personas. No es consuelo para los parados, pero el Gobierno se aferra a lo que sea como a un clavo ardiendo.
La portavoz de los socialistas, Soraya Rodríguez, reprochó a la vicepresidenta del Ejecutivo, su tocaya y paisana Soraya Sáenz de Santamaría, que semana tras semana se niegue a responder en La Moncloa a las preguntas de los periodistas sobre el PP, su extesorero Luis Bárcenas y el “caso Gürtel”, alegando que como portavoz del Gobierno no puede pronunciarse sobre asuntos de su partido, pese a que éstos afectan directamente al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy; la “vice” le recordó, con frase textual y fecha exacta, que eso mismo afirmó Rubalcaba cuando era portavoz del Gobierno socialista y no respondía tras el Consejo de Ministros a las preguntas referidas al PSOE. Además, aprovechó para decirle que el PSOE no tiene “criterio” ni “principios” en Madrid y por eso no le han hecho caso sus concejales en Ponferrada.
La diputada socialista Ángeles Álvarez dijo que Ana Mato no puede seguir al frente del Ministerio de Sanidad, porque es más conocida por su presunta relación con la “trama Gürtel” que por su trabajo -al beneficiarse de regalos como viajes, pago de habitaciones en hoteles o alquiler de coches para ella y su familia-; la ministra tuvo fácil la respuesta: también le reprochó que el PSOE, para quitar una alcaldía al PP, no haya tenido inconveniente en pactar con un concejal que en su día fue condenado por acoso sexual a una concejala.
LAS CRÍTICAS DEL PSOE
El también socialista Pedro Sánchez preguntó a la ministra de Trabajo qué va a hacer para aclarar las denuncias en materia laboral entre el Partido Popular y su extesorero Bárcenas; en su respuesta, Fátima Báñez le recordó las muchas explicaciones que tuvo que dar Rubalcaba por actuaciones del Gobierno del PSOE del que él formaba parte, aunque eso no respondía a la pregunta del diputado Sánchez. Como le dijo recientemente Rajoy, el problema de Rubalcaba es que “tiene una historia” -en referencia a que estuvo en el Gobierno con Zapatero y no hizo cosas que ahora pide- y los parlamentarios “populares” se lo recuerdan siempre que pueden.
Lo peor de todo es que esos y otros diputados del PSOE tienen razón en buena parte de sus denuncias, pero con lo que está cayendo en su propia casa les falta autoridad moral para defenderlas. Y los parlamentarios del PP aprovechan cada pregunta para volverla contra quienes se las hacen a ellos. Últimamente, las sesiones de control al Gobierno por parte de la oposición parecen más “sesiones de control a la oposición” por parte del Gobierno. Y esto es una prueba inequívoca de que algo no funciona bien en la democracia y en el parlamentarismo español.
El “chorreo” del miércoles último a los socialistas se suma al que tuvieron que soportar en la sesión de control anterior, hace dos semanas, cuando el Gobierno aprovechó el bochornoso espectáculo de ver a 13 diputados socialistas -del PSC- votando en contra de lo que había acordado su partido -o no votando, como hizo Carme Chacón– y convirtió varias preguntas de los socialistas a los ministros en críticas del Gobierno al PSOE.
Los ciudadanos no salen de su asombro: España no levanta cabeza, pese a los sacrificios cada día más duros que el Gobierno está imponiendo a la ciudadanía, pero los representantes de la soberanía popular se dedican en el Congreso a tirarse los trastos a la cabeza y a practicar el cada día más conocido deporte del “y tú más”.
EL MAL EJEMPLO DE ALGUNOS DIPUTADOS
Mención especial, y crítica, merece la actitud de algunos diputados del PP en la sesión del miércoles 13. Cuando el diputado de ICV Joan Coscubiela -del grupo de Izquierda Unida- preguntó a Rajoy qué va a hacer el Gobierno para dar “una solución real al drama de los desahucios”, un diputado del PP comentó en voz alta desde su escaño: “¿Dónde está Cayo Lara?”. Otro compañero suyo le respondió “Están desahuciándole”, en burlona referencia a que la sede de IU en Getafe (Madrid) iba a ser subastada ese mismo día por las deudas que tiene con la Agencia Tributaria. Varios compañeros de la bancada “popular” rieron sin pudor la frase.
En IU protestaron, y con razón, porque un asunto tan serio como los desahucios sea objeto de chanza por parte de algunos diputados del PP. Rifirrafes como éste forman parte de la vida parlamentaria diaria, pero hay asuntos en los que pasarse de la raya supone faltar al respeto. Ese es el límite que sus señorías no deberían traspasar nunca. Por cierto, el acta taquigráfica de esa sesión de control, donde suelen quedar reflejadas hasta las risas y los comentarios de los diputados, no recoge esas frases pese a que se escucharon con bastante claridad en el Hemiciclo. Curiosa ausencia.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echaniz, ha olvidado un principio tan importante en democracia como es la separación de poderes y ha criticado “la miopía” de los magistrados que no han dado la razón a su Gobierno en el polémico asunto del frustrado cierre nocturno de los Puntos de Atención Continuada (PAC). Ha dicho que está “preocupado” por las resoluciones que está dictando en este asunto el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunidad, cuando su obligación es acatarlas, cumplirlas y, si no está de acuerdo, recurrirlas.
Se ha equivocado al realizar esa crítica, porque lo único que ha hecho el TSJ es cumplir con su obligación: tras recibir los recursos de varios ayuntamientos contra la orden de cierre de las Urgencias de 21 PAC, los magistrados han paralizado esa medida cautelarmente hasta que dicten la sentencia definitiva para evitar la posibilidad de que se produzca un daño irreparable, como sería la muerte de un paciente por falta de atención nocturna, por ejemplo.