El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que siempre ha pasado por ser una persona inteligente y dialogante, ha vuelto a equivocarse, una vez más desde que llegó a un cargo en el Gobierno que llevaba años persiguiendo. Y ya son varios los errores que ha cometido. No solo no ha dialogado con los representantes del mundo judicial, que han protestado de manera unánime contra casi todas sus propuestas, sino que les ha respondido con una chulería impropia de un miembro del Gobierno.
No son únicamente los jueces quienes están en contra de las sorprendentes y antisociales propuestas del ex alcalde de Madrid y actual responsable máximo de la Administración de Justicia, sino también los fiscales, los secretarios judiciales, los abogados, diversas asociaciones ciudadanas y todos los colectivos del mundo judicial. Cuando todos están en contra, ¿no podría pensar algo tan elemental como que quizá tengan aunque sólo sea algo de razón todos ellos frente a él?
PROTESTAS UNÁNIMES
Todos esos grupos –unos de derechas, otros de centro, algunos de izquierdas y hasta mediopensionistas- han coincidido en rechazar de manera unánime las propuestas de un ministro que es de los peor valorados por la ciudadanía, junto con el titular de Educación, el torpe José Ignacio Wert.
Pero parece que a Ruiz-Galallardón esto le da igual. No solamente no le preocupa tanta unanimidad contra él, sino que a ese cúmulo de protestas generalizadas ha contestado con chulería y, por qué no decirlo, con alguna falsedad: ha dicho que esos colectivos –nada menos que 18 organizaciones de todo tipo- defienden «intereses corporativos» y que lo hacen porque les han quitado la paga extra de Navidad, lo que supone un insulto para todos ellos porque no sólo defienden esos intereses –que son legítimos, por cierto- sino también al servicio público de la Justicia.
HASTA EL CGPJ ESTÁ EN CONTRA
Las protestas de todos los sectores implicados en la Administración de Justicia se refieren a la implantación de tasas judiciales –que van a encarecer este servicio público e impedirán que muchas personas puedan pleitear-, la reforma del Código Penal para convertirlo en uno de los más retrógrados de Europa, la pretensión de cobrar entre 20 y 40 euros por obtener en el Registro Civil certificados que ahora son gratuitos porque los ciudadanos ya pagamos estos servicios públicos a través de nuestros impuestos… y un largo etcétera.
Incluso el Consejo General del Poder Judicial, el órgano que gobierna a los jueces y magistrados españoles, acaba de decir que algunas de las propuestas que ha incluido el ministro en su propuesta de reforma del Código Penal pueden ser inconstitucionales, entre ellas la prisión permanente revisable. Pero al ministro de Justicia parece importarle bastante poco esa opinión, como les importa bastante poco a otros miembros del Gobierno del PP –por lo que se está viendo cada día- lo que opinan los sufridos ciudadanos, incluso los que les votaron a ellos y que ya están totalmente arrepentidos de haberlo hecho.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
El alcalde de Toledo, Emiliano García Page, debería aclarar ya si va a aspirar a ocupar la secretaría general del PSOE para sustituir a Alfredo Pérez Rubalcaba, como dicen muchos en su partido, o si se conforma con liderar a los socialistas de Castilla-La Mancha. Está jugando a que le consideren candidato a ese cargo sin serlo, sus viajes a Madrid son cada vez más frecuentes y su nombre figura en todas las quinielas, pero haría bien en decir públicamente a sus seguidores si se propone dar ese paso o no. Con independencia de las legítiimas estrategias de cada uno, la transparencia siempre es buena.