Es difícil decir algo que no se haya dicho ya sobre la libertad de prensa, en estos tiempos en que esa libertad y el periodismo están gravemente heridos. Y duele escribir sobre este asunto, porque esa herida ha infectado directamente y hace sangrar a un derecho constitucional y humano, el que tiene la ciudadanía a recibir información veraz, plural y de calidad. Pero que nadie se confunda: una vez más, esta columna se ocupa de un derecho de la ciudadanía, no de intereses corporativistas de los periodistas.
Desde 1993, por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Lamentablemente, en España no hay nada que celebrar ese día porque el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía, pilar sobre el que se sustenta la libertad de prensa, se ha deteriorado en el último año, como también en el anterior, y en el otro… y así desde hace unos cuantos.
La organización Reporteros sin Fronteras ha indicado, en su clasificación mundial de la libertad de prensa de 2016, que España ha descendido por segundo año consecutivo y está en el puesto 34, por debajo de países como Portugal o Namibia.
CADA VEZ PEOR
¿Cómo se puede decir, sin ruborizarse, que aquí existe libertad de prensa como corresponde a una democracia? Existe formalmente, pero basta con ver lo que ocurre para comprobar que ese derecho está cada vez más limitado: leyes que reducen o eliminan derechos de la ciudadanía -como la Ley
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) y otras-, control escandaloso de TVE por parte del Gobierno del PP y de otras televisiones autonómicas por los gobiernos correspondientes -en unos casos más que en otros-, presiones políticas y económicas sobre los medios de comunicación, juicios a periodistas acusados del delito de cumplir con su obligación de informar, despidos y más despidos en muchos medios y cierre de otros…
¿Cómo se puede decir que existe plena libertad de prensa, de información y comunicación cuando el todopoderoso Juan Luis Cebrián, fundador y primer director del diario El País, ha ordenado a la cadena Ser -emisora del Grupo Prisa, que él preside- que no lleve más a sus tertulias al periodista Nacho Escolar simplemente porque éste ha publicado en Eldiario.es que la ex esposa de Cebrián figura en una empresa de los ya famosos papeles de Panamá?
No se puede hablar de verdadera libertad de prensa y de información cuando el fiscal pide dos años y medio de cárcel para los periodistas de ABC Pablo Muñoz y Cruz Morcillo, a los que acusa de un delito de revelación de secretos porque publicaron el contenido de una conversación telefónica entre el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y un jefe de la camorra napolitana. Ese delito, en el caso de que exista, no lo cometen los periodistas por cumplir con su obligación de dar a conocer una noticia de interés sino la persona encargada de custodiar esa documentación en el juzgado.
DETENIDA POR GRABAR A UNOS POLICÍAS
Que le pregunten si existe libertad de prensa e información a Ana García, una operadora de cámara de televisión freelance que va a ser juzgada porque la policía la detuvo en 2012 en Sevilla, cuando cubría para La Sexta una manifestación contra los desahucios y grabó a unos agentes. El fiscal pide que sea condenada a nueve meses de prisión y una multa, por un delito de desobediencia a la autoridad.
¿Con qué libertad van a informar los periodistas cuyas empresas no paran de despedir a trabajadores, porque su único objetivo es ganar dinero, olvidando que los medios de comunicación también deben cumplir un fin social? El último caso es el del Grupo Unidad Editorial -dueño de El Mundo, Marca, Radio Marca, Expansión, Telva y otras revistas-, que se propone despedir a 224 trabajadores de los 1.400 de su plantilla, la mayor parte de las redacciones de esas publicaciones, después de haber despedido a otros 900 en los últimos años. En los últimos ocho años han sido despedidos en España más de 12.000 trabajadores de los medios de comunicación y han sido cerrados varios centenares de medios. Y continúa la sangría.
¿Quién atenta contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural? ¿El trabajador que se declara en huelga legal para defender los puestos de trabajo -aunque silbe y grite a otros compañeros que deciden trabajar o de una palmada sin consecuencias a sus coches cuando pasan por la puerta junto al huelguista- o el empresario que no duda en despedir y despedir, porque su único objetivo es ganar dinero y no cumplir el fin social que también tienen los medios de comunicación? No hace falta responder.
UN DERECHO DE LA CIUDADANÍA
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha recordado que la información «no puede ser una mercancía con la que los empresarios hagan negocio, sino que están obligados a administrar ese derecho humano esencial con voluntad de servicio a la ciudadanía». Y también pueden aspirar a ganar dinero, pero sin utilizar ese derecho constitucional solo en su propio beneficio.
«La sociedad -la dicho la FeSP- debe exigir que se le restituya un derecho que le pertenece y que han usurpado los poderes mediáticos, políticos y económicos». Pues eso, a ver si la ciudadanía se convence de que debe exigir cada día que ese derecho se cumpla de manera plena, lo mismo que reclama la sanidad o la educación. Mientras eso no ocurra, la libertad de prensa continuará herida y secuestrada; y cada 3 de mayo no habrá nada que celebrar en España.