Agustín Yanel
Sembrar sospechas sobre el funcionamiento de un organismo o empresa pública sin ninguna prueba, como ha hecho Alberto Núñez Feijóo sobre Correos en relación con el voto por correo, es un atrevimiento muy poco serio y nada democrático. Especular con que miles de ciudadanos tal vez no podrán votar porque no les lleguen a tiempo las papeletas, antes de que haya terminado el plazo fijado para que les sean entregadas en su domicilio, es un comportamiento impresentable en quien aspira a presidir el Gobierno. El líder del PP, después de haber dicho algunas mentiras y medias verdades en el cara a cara televisivo con Pedro Sánchez, parece que se ha apuntado a la peligrosa práctica de difundir bulos.
Los sindicatos con representación en Correos se han quejado de falta de personal para hacer frente a la avalancha de peticiones de voto por correo, que han superado los dos millones y medio porque el 23 de julio miles de personas estarán de vacaciones y han optado por esta fórmula para ejercer su derecho al voto. Feijóo podría haber asumido esa crítica sindical y haber pedido más contrataciones extraordinarias en esta empresa pública, pero ha preferido lanzar la sospecha de que puede que haya gente que no reciba el voto por correo a tiempo para votar.
La estrategia del ‘todo vale’ en campaña electoral
Tras apuntarse a la estrategia del todo vale en campaña electoral, el candidato del PP no ha dicho que los sindicatos, que se han quejado de falta de personal, también han asegurado que los votos por correo llegarán a tiempo a todos los destinatarios. Esta parte de lo que han afirmado los representantes sindicales no le interesa decirlo, porque con eso no critica al Gobierno.
Alberto Núñez Feijóo podría haber criticado que Pedro Sánchez haya colocado en la presidencia de Correos a Juan Manuel Serrano Quintana, amigo y persona de su máxima confianza que fue su jefe de gabinete en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Pero esa crítica, que muchas personas seguro que comparten, hubiera sido extemporánea porque Serrano ocupa ese cargo desde hace cinco años. No le servía en esta campaña electoral.
Con sus sospechas sobre el voto por correo, Feijóo no solo ha puesto en duda el funcionamiento de una empresa pública que él conoce bien -fue su presidente entre 2000 y 2003, con el Gobierno de José María Aznar- sino también el trabajo de las más de 45.000 personas de la plantilla de Correos. Y, como siempre, ha dado pie a que el voto por correo se haya convertido en el centro de debates y tertulias, en las que ha habido muchas especulaciones porque el plazo para que las papeletas sean entregadas en los domicilios a sus destinatarios aún no ha concluido.
Más contratos, más horas de apertura, reparto en sábado y domingo…
El líder del PP no ha dicho nada de los 20.000 contratos que ha hecho Correos desde que Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones en mayo, que los sindicatos consideran todavía insuficientes. Tampoco ha hablado de que dos mil oficinas de Correos han ampliado su horario cada día hasta las 22:00 horas y también han abierto el sábado 15 y domingo 16 de julio; y que los carteros y carteras han repartido el voto por correo los sábados, domingos y días festivos.
Olvidando esas medidas puestas en marcha y dándose ya por ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a los trabajadores de Correos que hagan las horas extraordinarias necesarias para entregar todos los votos por correo, porque él se las pagará «cuando llegue al Gobierno». La dirección de la empresa pública le ha recordado que ellos tienen el presupuesto necesario para abonar todas las horas extras a sus empleados.
Si, a pesar de haber puesto en marcha esas y otras medidas, hubiera miles de personas que no pudieran votar porque no les entreguen a tiempo las papeletas, Alberto Núñez Feijóo y cualquier político o ciudadano podrán criticar con una base sólida esos errores. Pero lanzar esas sospechas con carácter preventivo, varios días antes de que concluya el plazo para entregar las papeletas, es una ligereza impropia de alguien que aspira a dirigir el destino de España durante los próximos cuatro años.
En septiembre del año 2020, Donald Trump no aceptaba el resultado de las elecciones que le había ganado Joe Biden, interpuso decenas de demandas que fueron desestimadas y puso en duda el recuento de los votos por correo. Pocos meses después, tras una intensa campaña de bulos y mentiras por las redes sociales, una horda de seguidores de Trump asaltó la sede del Congreso en Washington durante la sesión que iba a certificar la victoria de Biden.
Las circunstancias no son las mismas y la situación de EEUU y España tampoco, pero empezar a asumir algunas posiciones de Donald Trump como hace el partido de ultraderecha Vox -y que el PP ha aceptado en algunos aspectos para gobernar en varias comunidades autónomas y en más de un centenar de ayuntamientos- es peligroso para la democracia. No todo vale en campaña electoral; lo de «difama, que algo queda», tampoco.