Casi 2,8 millones de niños, el 33,8 por 100 de los que hay en España, viven en familias en riesgo de exclusión social por falta de ingresos. De ellos, más de 2,5 millones, el 29,9 por 100, se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, según datos de la ONG Save the Children que ha recogido Eurostat, la oficina europea de estadística.
Son datos alarmantes, que se agravan al conocer que muchos de esos niños sólo hacen una comida completa y equilibrada al día: la que reciben en su comedor escolar. En junio, con la llegada a los colegios de la jornada lectiva sólo por la mañana, ha llegado también la voz de alarma: los profesores denuncian que, al cerrar esos comedores porque no hay actividad escolar por las tardes, hay alumnos que se duermen en clase o son incapaces de concentrarse en las tareas… ¡porque sus familias viven bajo el umbral de la pobreza y este mes acuden a las clases sin haber desayunado, sin el bocadillo para media mañana y, en definitiva, muy mal alimentados!
AUMENTA LA POBREZA
La crisis económica ha aumentado el número de familias pobres y en riesgo de exclusión social, lo que implica un incremento de los niños que llegan a sus colegios mal alimentados y sin siquiera haber podido desayunar.
Y estamos refiriéndonos a España, un país desarrollado y la duodécima potencia mundial, no a Somalia u otra zona africana donde la hambruna mata a millones de niños. La situación es tan grave que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado por escrito a todas las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla que mantengan abiertos en verano los comedores escolares, aunque no impartan clases, para que esos menores reciban la alimentación que les corresponde y que sus familias no pueden darles.
Nadie podrá decir que la Defensora del Pueblo es una «izquierdista radical» -palabras que tanto han repetido algunos tras las recientes elecciones al Parlamento Europeo-, que pretenda atacar al PP y al sistema democrático español. No. Soledad Becerril, ex ministra con la UCD y con José María Aznar, ex alcaldesa de Sevilla con el PP y que fue diputada y ocupó otros cargos siempre con partidos de la derecha, como Defensora del Pueblo que es actúa en defensa de los intereses de cualquier ciudadano o colectivo, en este caso de muchos miles de niños mal alimentados.
UN ACUERDO IMPRESCINDIBLE
El año pasado, comunidades como Andalucía, Extremadura y Canarias mantuvieron abiertos los comedores escolares durante los meses de verano para que los niños en situación más vulnerable pudieran recibir una alimentación correcta. Este año deberían hacer lo mismo todas las comunidades, porque en todas se vive esta situación con mayor o menor intensidad.
Los comedores escolares de los colegios dependen de los ayuntamientos, pero las comunidades autónomas y el Gobierno central también deben intervenir, por ejemplo recuperando las ayudas para comedor escolar donde las han eliminado o reducido y llegando a acuerdos entre las tres administraciones públicas para mantener abiertos los comedores escolares.
Deben hacerlo no sólo porque lo recomiende la Defensora del Pueblo y lo pidan ONG y asociaciones de padres y madres, sino porque es de justicia: si no somos capaces de conseguir que todos los niños estén alimentados correctamente, algo muy grave está ocurriendo en la democracia española. Este problema no debe ser utilizado como arma política de unos partidos políticos contra otros, sino que necesariamente y sin ninguna excusa todos ellos están obligados a llegar a acuerdos para resolver el problema.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Castilla-La Mancha no es una excepción, como acaba de demostrar una organización tan respetada como Cáritas: durante 2013 atendió a más de 91.000 personas en la región, con un coste total de unos 14 millones de euros.
Cáritas denuncia que en esta comunidad se hayan suprimido las becas de comedor escolar pese a que «muchos niños pasan hambre» y ha anunciado que durante el verano programará distintas actividades para que los niños más pobres y vulnerables puedan ser alimentados como corresponde. El Gobierno de María Dolores de Cospedal y los ayuntamientos deben tomar nota y actuar.