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lunes, 29 de noviembre de 2021
Según el CIS, el 49,5 por 100 los ve como la segunda preocupación ciudadana - 17 enero 2020 - Madrid
Agustín Yanel Agustín Yanel

Algo está haciendo muy mal la clase política, en general, cuando la mitad de los ciudadanos considera que los políticos, los partidos y la política son el segundo problema más importante que existe actualmente en España, por detrás del paro y por encima, por ejemplo, de los de tipo económico, el fraude y la corrupción o la calidad del empleo. Son los datos de la última encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y están en la misma línea que los de las encuestas realizadas por empresas de demoscopia privadas.

Siempre ha habido una parte del electorado que considera a los políticos como un problema y no como las personas que son elegidas, precisamente, para resolver los problemas de la ciudadanía y mejorar su vida diaria. Pero esa parte de la población nunca llegó a un porcentaje tan elevado como en los últimos tiempos. Los dirigentes de los partidos y la clase política en general deberían pensarlo y cambiar de actitud, si quieren recuperar la confianza de la ciudadanía en la política.


En octubre, en una macroencuesta realizada por el CIS a 10.000 ciudadanos antes de las últimas elecciones generales, los partidos y la clase política eran el segundo problema más importante en opinión del 37,8 por ciento de las personas encuestadas. Un mes después, ese porcentaje había aumentado casi ocho puntos, hasta el 45,5 por ciento. En el sondeo postelectoral de diciembre ha subido otros cuatro puntos el número de personas de esa opinión crítica con los políticos, hasta el 49,5 por ciento.

Importante aumento de los críticos con la clase política

Estos datos reflejan que en los tres últimos meses de 2019, coincidiendo con la campaña electoral y el inicio de las negociaciones del PSOE para conseguir los apoyos la investidura de Pedro Sánchez, el porcentaje de personas que ve a la clase política como un importante problema para España se incrementó nada menos que un 11,7 por 100.

La crispación política que se está viviendo en España no es buena para la ciudadanía, pero tampoco lo es para la marcha de la economía ni para la creación de empleo ni para las inversiones o las relaciones comerciales con otros países. No es buena para nada ni para nadie, pero algunos políticos parecen ser de la opinión de «cuanto peor para todos, mejor para mis intereses» aunque con esa actitud perjudiquen al país que después tanto dicen defender.

Se ha constituido un Gobierno de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos, siguiendo estrictamente los trámites que establece la Constitución y el Reglamento del Congreso de los Diputados, pero el principal partido de la oposición, el PP, no le va a conceder no ya los 100 días de gracia de los que siempre se habla -para poder criticar al Ejecutivo según lo que haga en ese tiempo- sino ni siquiera uno.

Las contradicciones de Pablo Casado

El líder del PP, Pablo Casado, por una parte dice estar dispuesto a alcanzar algunos pactos de Estado con los socialistas pero, por otra, ya ha anunciado su negativa a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está en funciones desde hace más de un año.  ¿Le parecerá serio al presidente de un partido que aspira a gobernar en España bloquear la renovación de un órgano constitucional como éste, lo que supone que las Cortes no van a cumplir con su obligación legal de proponer y elegir a los 20 vocales del nuevo CGPJ?

Tampoco está dispuesto a hablar con el PSOE y el Gobierno para designar un nuevo Defensor del Pueblo, que también está en funciones, o para renovar el Consejo de Seguridad Nuclear. ¿También le parecerá serio al líder de la oposición mantener esos y otros órganos con direcciones cuyo mandato ya expiró, en vez de hablar para renovarlos con las personas más adecuadas para cada puesto?

Ya se ha dicho muchas veces, pero hay que repetirlo. La oposición puede y debe controlar y criticar la acción del Gobierno, porque esa es su misión. Pero debe hacerlo con seriedad y de manera constructiva, en beneficio de la ciudadanía. Los chantajes  y el «cuanto peor, mejor» no sirven en democracia, pero todavía hay quien no quiere entenderlo.

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