Agustín Yanel
En los 43 años que han transcurrido desde que el Congreso de los Diputados aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en agosto de 1982, esta comunidad autónoma ha evolucionado y es muy distinta a la de entonces. Por eso es necesario modificarlo para adaptarlo a la realidad actual, y así lo han entendido los grupos parlamentarios que ayer aprobaron tramitar la propuesta de reforma pactada por el PSOE y el PP regionales en mayo último. Vox votó en contra entonces, en las Cortes castellanomanchegas, y votó en contra ayer.
En 1982, cuando fue aprobado el citado Estatuto, Castilla-La Mancha tenía 1.655.126 habitantes. Ahora tiene 2.132.102, casi medio millón más. Esta comunidad es la novena por número de habitantes, pero sus Cortes solo tienen 33 escaños: 17 del PSOE, 12 del PP y cuatro de Vox.
En el año 2014, el Gobierno autonómico que presidía María Dolores de Cospedal redujo los escaños de 49 a 33 alegando que era necesario ahorrar. Eso es lo que argumentan ahora en Vox para oponerse a esta reforma, entre otros motivos, como si no hubiera otra manera de disminuir el gasto público que reduciendo el número de parlamentarios. Esa reducción de escaños impide a los partidos minoritarios entrar en la Cámara regional, aunque obtengan un 7 u 8% de votos, y perjudica el pluralismo político necesario en democracia. Así ocurrió en las anteriores elecciones, por ejemplo, cuando Unidas Podemos obtuvo un 4,16% de votos pero no obtuvo ningún escaño.
Los mismos escaños que La Rioja pero seis veces más habitantes
Con tan importante reducción, Castilla-La Mancha pasó a ser la comunidad autónoma con menos escaños: 33, los mismos que La Rioja, pero esta tiene solo 328.313 habitantes, seis veces y media menos. Otras siete autonomías con menos habitantes también tienen parlamentos con más escaños: Aragón (1.368.954 habitantes y 67 escaños), Asturias (1.016.995 y 45), Cantabria (594.586 y 35), Extremadura (1.053.410 y 65), Islas Baleares (1.251.086 y 58), Murcia (1.593.463 y 45) y Navarra (686.095 y 33). Incluso las dos ciudades autónomas tienen, proporcionalmente, muchos más escaños: en Ceuta y Melilla hay 25 escaños en cada una, pero tienen 83.664 y 86.789 habitantes, respectivamente. El futuro Estatuto establece unas Cortes con un mínimo de 25 escaños y 55 como máximo.
Pero no solo por tener más población que en 1982 conviene aumentar el número de escaños de las Cortes castellanomanchegas, ni porque otras comunidades con menos habitantes tengan parlamentos más numerosos. Ese es un motivo más para modificar el Estatuto de Autonomía, pero no el único.
Nadie puede negar que el Estatuto ha quedado desfasado. El Gobierno regional, el PSOE y el PP consideran necesario modificarlo para adaptarlo al incremento de población, sí, pero también para avanzar en el autogobierno y garantizar nuevos derechos sociales, económicos, de las zonas rurales y medioambientales de la ciudadanía que han ido implementándose en la región en las cuatro últimas décadas.
IU: Una reforma necesaria pero «insuficiente»
En el debate celebrado ayer en el pleno del Congreso, del que ha informado Encastillalamancha.es, la diputada de Izquierda Unida en el grupo Sumar Engracia Rivera afirmó que esta reforma del Estatuto es necesaria pero «insuficiente», porque no han incluido en ella derechos como el acceso a la vivienda y a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud, el blindaje de la educación pública como preferente a otras formas de gestionarla o los derechos del colectivo LGTBI+.
PP, PSOE, Sumar, PNV y Coalición Canaria, votaron a favor de tramitar la reforma del Estatuto de Autonomía; Vox y UPN votaron en contra; ERC, BNG y Podemos se abstuvieron, y no votaron los diputados de Junts y EH Bildu.
Lo que deberían hacer a partir de ahora todos los grupos parlamentarios, durante la tramitación de esta reforma en la Comisión Constitucional del Congreso, es presentar enmiendas para mejorar lo que consideren necesario e incluir en el Estatuto lo que crean que falta. Algunos sí lo harán, pero desde Vox seguirán criticando que esta reforma aumentará el gasto al mismo tiempo que ellos ocupan puestos en parlamentos autonómicos mucho más costosos que las Cortes castellanomanchegas. Una buena muestra de la incoherencia de la ultraderecha, como ha dicho la portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla.