Agustín Yanel
María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura, ha vuelto a hacer lo mismo que ya hizo en el año 2023: aseguró que no gobernaría con Vox y, a continuación, incumplió su palabra y pactó con ese partido. Tras las elecciones de diciembre pasado necesita los votos de los 11 diputados autonómicos de la ultraderecha para continuar como presidenta y por eso, pese a que también había repetido que no gobernaría con ellos, no ha tenido inconveniente en firmar un acuerdo por el que el partido de Santiago Abascal entrará en su Gobierno con más poder y más competencias. Un acuerdo en el que, además, ella asume las propuestas más xenófobas de Vox.
El PSOE ganó las elecciones de 2023 en votos, pero empató a 28 escaños con el PP. María Guardiola pronunció entonces una frase que la perseguirá siempre: «No puedo dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes deshumanizan a los inmigrantes, a quienes tiran a una papelera la bandera LGTBI». Incluso estaba dispuesta a que se repitieran las elecciones antes que gobernar con Vox. Pero finalmente se tragó sus palabras y su compromiso -dicen que obligada por la dirección nacional del PP, pero, si fue así, ella tenía la posibilidad de renunciar- y la ultraderecha formó parte de su Gobierno.
Cuatro meses de negociaciones al ritmo que ha marcado Abascal
En el otoño de 2025 María Guardiola adelantó las elecciones al 21 de diciembre y, durante esa campaña, también criticó a Vox y también repitió que no gobernaría con ellos. Ella y Abascal se han llamado de todo menos bonito y bonita. Pero, tras cuatro meses de negociaciones, al ritmo que ha marcado el líder nacional de Vox, ha vuelto a tragarse sus palabras y su compromiso y gobernará de nuevo con la ultraderecha.
¿Acaso es que Vox ha cambiado y ya no niega la violencia machista, no deshumaniza a los inmigrantes y respeta a las personas LGTBIQ+? No. Lo que ha ocurrido es que los 29 escaños que el PP tuvo en diciembre no son suficientes para ser investida presidenta -la mayoría absoluta son 33 de los 65 de la Asamblea de Extremadura- y, en esa situación, pues pelillos a la mar: ha olvidado sus discrepancias públicas con Abascal y Vox durante la campaña, ha asumido las políticas más xenófobas de la ultraderecha y ha aceptado que tengan en su Gobierno la vicepresidencia y dos consejerías. Y no son consejerías con escasas competencias, una es la de Familia, Desregulación y Servicios Sociales y otra la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.
María Guardiola seguirá como presidenta de Extremadura a cambio de no cumplir su compromiso y de aceptar muchas más competencias para Vox que en 2023, con las que el partido de Santiago Abascal podrá aplicar sus políticas ultras y su guerra cultural. El acuerdo firmado incluye varias medidas que el futuro Gobierno extremeño no podrá llevar a cabo, porque no son competencia autonómica sino del Gobierno central. Una de las más llamativas es la que denominan «prioridad nacional», que exigiría una reforma de la Ley de Extranjería por parte de las Cortes Generales.
Menos derechos para los inmigrantes en una región de emigrantes
Sin siquiera ruborizarse, la presidenta en funciones ha aceptado incluir en el pacto esa medida, que supone que las personas inmigrantes tendrán menos derechos que las españolas, aunque vivan y trabajen en España: imitando a Donald Trump y su América first (América primero), ha aceptado que, para solicitar cualquier ayuda, subvención o prestación pública tengan preferencia los ciudadanos españoles frente a los que han llegado de otros países.
¿Por qué ha firmado esas medidas sin tener en cuenta que la Constitución establece la igualdad de todos los españoles ante la ley, «sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» (artículo 14), y obliga a los poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente por desempleo, «para todos los ciudadanos» (artículo 41)? ¿Acaso no sabe que las normas europeas, de obligado cumplimiento en España, prohíben ese tipo de exclusiones? La explicación es sencilla: para continuar como presidenta, María Guardiola no ha tenido reparo alguno en olvidar sus declaraciones y ha aceptado las exigencias de la ultraderecha. Donde dije digo…
Del 1.055.000 habitantes de esa comunidad autónoma, apenas 50.000 (4,7%) son de otros países. Extremadura fue durante muchos años tierra de emigrantes, porque era una de las regiones más pobres de España. Es difícil encontrar alguna comunidad en la que no residan personas de origen extremeño. También emigraron a países de Europa y Latinoamérica. Y en 2024 ha sido la única comunidad que ha perdido población. ¿Qué pensarán ahora de esa discriminación, posiblemente inconstitucional, que ella ha aceptado para ser investida presidenta?
Expulsar a menores no acompañados, suprimir la enseñanza de la lengua árabe, prohibir el burka…
En el acuerdo se establece retornar a los menores no acompañados a sus países de origen y no aceptar ninguno más, aunque la legislación estatal les obliga a participar en ese reparto; suprimir las ayudas a las ONG que atienden a personas extranjeras; no abrir más centros de acogida ni ampliar las plazas que existen; prohibir el uso del burka y el niqab (velos que cubren a la mujer y dejan solo en los ojos una rejilla o una franja sin tapar, respectivamente), y suprimir la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí. ¿Qué dirán de esta medida en Talayuela (Cáceres), el pueblo donde una de cada cuatro personas es de origen marroquí y en el que PP y Vox han empatado con el 37,2% de votos cada uno en las elecciones?
Tan perjudicial para las personas inmigrantes es ese pacto que hasta la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo ha criticado. «No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido», ha dicho.
Entre las 74 medidas acordadas por la derecha y la ultraderecha también se incluye excluir de prestaciones sociales a quien se encuentre en situación irregular, salvo casos de urgencia vital; exigir al menos 10 años de «arraigo» en Extremadura para poder solicitar una vivienda de protección oficial, y cinco para acceder a un alquiler social; reducir al 50% las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y otras entidades privadas; mejorar el sistema sanitario; ampliar las plazas en residencias y centros de día; reducir el IRPF y otros impuestos, y blindar la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Las medidas del acuerdo que son aceptables han quedado en un segundo plano ante otras propuestas que son xenófobas, que reducen derechos, que no se podrán realizar porque no son competencia de la comunidad autónoma o que probablemente sean inconstitucionales.