Agustín Yanel
En el Partido Popular se empeñan estos días en decir que lo que ha aprobado el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), donde gobiernan, no es xenofobia. Pero, por mucho que repitan esa cantinela, ni siquiera ellos se la creen: prohibir que la comunidad musulmana que reside y trabaja allí celebre en instalaciones deportivas municipales actos propios de su religión, como la Fiesta del Cordero, es xenofobia. Además, muchos juristas dicen que es una decisión inconstitucional porque el artículo 16 de la Carta Magna garantiza «la libertad ideológica, religiosa y de culto».
El PP de Jumilla ha tenido que aceptar esa iniciativa de Vox porque necesitaba sus votos para aprobar los presupuestos municipales. La propuesta del partido de ultraderecha era mucho más radical: proponía prohibir la celebración en espacios públicos autonómicos o municipales de conmemoraciones «ajenas a nuestras tradiciones», impedir «la consolidación de prácticas culturales foráneas que no forman parte de la tradición española», «protección de las tradiciones propias del pueblo español en el espacio público frente al avance de costumbres ajenas impulsadas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica» y aprobar que las instalaciones deportivas municipales sean utilizadas «exclusivamente para actividades deportivas o actos organizados por el Ayuntamiento, y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento».
Una propuesta racista suavizada por el PP
Esta propuesta claramente racista de Vox fue suavizada por el PP, que eliminó buena parte de esas peticiones argumentando que, «aunque persiga la legítima finalidad de proteger nuestras tradiciones y costumbres, puede dar lugar a interpretaciones que no se ajustan plenamente al marco jurídico vigente». Pero en el acuerdo finalmente aprobado, con los votos del PP y la abstención de Vox, se mantiene la prohibición de usar las instalaciones deportivas para actos que no sean deportivos u organizados por el Ayuntamiento.
Esta ha sido la última imposición de Vox al PP que se ha conocido, y que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha aceptado porque necesitaba sus votos para aprobar los presupuestos municipales. Pero, tanto en varias comunidades autónomas como en muchos ayuntamientos, el PP ha asumido muchas propuestas de Vox, en unos casos porque necesitaba sus votos para aprobar los presupuestos (por ejemplo, en las Islas Baleares y Murcia) y, en general, porque se ha radicalizado hacia la derecha para tratar de evitar que Vox siga quitándole votos.
No hace falta recordar los innumerables casos en que Vox ha impuesto, y el PP lo ha aceptado por necesidad, la eliminación de consejerías o concejalías de Igualdad, retirar ayudas para combatir la violencia de género, prohibir exposiciones u obras de teatro por argumentos de censura inaceptables a estas alturas del siglo XXI, etc., etc., etc.
¿Un Gobierno estatal del PP y Vox?
Casi todas las encuestas pronostican que el PP podría ganar unas elecciones generales pero sin mayoría absoluta, por lo que necesitaría a Vox para llegar a la Moncloa. Y en la mayoría de las comunidades autónomas ocurriría algo similar. A la vista de lo que Vox ha hecho hasta ahora, conviene pensar en lo que podría imponer a los gobiernos del PP si llegara esa situación.
La experiencia ha demostrado que la mejor manera de impedir que Vox entre en un futuro gobierno de España, o en los autonómicos o municipales, es la unión de todos los partidos políticos y formaciones situadas a la izquierda del PSOE. Hace ya meses que el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, hizo un llamamiento a esa unidad y desde entonces trabaja para conseguirla. Pero existen reticencias de algunas fuerzas políticas, que se fundamentan más en posiciones y enfrentamientos personales que en discrepancias ideológicas.
En Andalucía, con ese objetivo de conseguir la unidad, nombres conocidos de la sociedad civil, los movimientos sociales y de solidaridad, la cultura y la política han lanzado un manifiesto en el que piden a las formaciones y partidos a la izquierda del PSOE que se unan en una candidatura conjunta para presentarse a las próximas elecciones autonómicas, previstas para junio de 2026 si el presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, no las adelanta. «La unidad no es un eslogan, es una necesidad del pueblo», afirman en ese escrito.
El ejemplo de Por Andalucía
En las anteriores elecciones, celebradas en junio de 2022, Izquierda Unida (IU), Más País (ahora, Movimiento Sumar), Iniciativa de Pueblo Andaluz (IPA) y otras tres formaciones más modestas se presentaron en la coalición Por Andalucía. Podemos llegó unos minutos tarde a firmar su integración en esa candidatura, porque hasta última hora del plazo para registrarla estuvieron mareando la perdiz, pero después pactaron incorporarse al mismo grupo en el Parlamento andaluz: de los cinco diputados que lo integran, tres son de Podemos, una de IU y otra de Más País (ahora, Movimiento Sumar). No se integró la formación Adelante Andalucía, liderada por la exsecretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, que acudió con listas propias a los comicios y obtuvo dos escaños.
En los tres años que han transcurrido desde entonces, esos cinco diputados han trabajado de manera conjunta y sin problemas en la Cámara andaluza. Y eso es lo que les piden ahora en el manifiesto: que todas las formaciones a la izquierda del PSOE presenten una candidatura conjunta, incluyendo a Podemos, para conseguir un grupo parlamentario fuerte que se enfrente a las políticas de Moreno Bonilla. Si van separados en varias candidaturas, ya se sabe por experiencias anteriores que su fuerza será mucho menor.
Salvando las distancias, porque la situación es muy distinta, ¿sería posible lograr en Castilla-La Mancha una candidatura unitaria de todos los partidos y formaciones políticas a la izquierda del PSOE? Varias encuestas vaticinan que los socialistas, con Emiliano García-Page a la cabeza, volverían a ganar las elecciones autonómicas previstas para el año 2027. Pero algunas también pronostican que podría perder la mayoría absoluta con la que ahora gobiernan. Y a eso hay que sumar que el desgaste y los problemas de Pedro Sánchez y el PSOE estatal puede perjudicar a los socialistas en futuras elecciones municipales y autonómicas. Si esto ocurre, el PP negociaría con Vox para gobernar, bien incluyéndolo en el Ejecutivo correspondiente o recibiendo sus votos para la investidura a cambio de aceptar sus propuestas.
Toledo, Talavera y otros municipios donde el PP no ganó pero gobierna con Vox
Eso ocurrió tras las elecciones autonómicas del año 2023. En varias comunidades ganó el PSOE, pero gobierna el PP gracias a sus pactos con Vox. Y también se produjo tras las elecciones municipales: el partido de Alberto Núñez Feijóo gobierna con Vox en unos 140 ayuntamientos gracias a que pactó con el partido de Santiago Abascal, pese a que en muchos de ellos tuvo menos votos que los socialistas. Algunos ejemplos en Castilla-La Mancha son Toledo y Talavera de la Reina.
No es comparable la situación de los partidos a la izquierda del PSOE en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Izquierda Unida tiene mucha menos fuerza en esta región que en Andalucía, y la presencia de Movimiento Sumar y Podemos es bastante escasa. Pero estas y otras formaciones políticas deberían dejar a un lado sus discrepancias personales y de estrategia partidaria, y pensar en lo que puede ocurrir en próximas elecciones si cada una va por su lado. Y las organizaciones de la sociedad civil también podrían exigirles unidad y pensar en la posibilidad de lanzar un llamamiento como en que ha habido en Andalucía. ¿Por qué no intentarlo?